El documento puntualiza que "se ha vuelto a instalar con fuerza la idea de que uno de los factores determinantes de inseguridad son los delitos cometidos por jóvenes y adolescentes en particular". Y al respecto enumeran los siguientes aspectos:
Señalamos con profunda preocupación la vigencia de esta idea porque además de falsa es peligrosa ya que acentúa la descarga punitiva sobre los adolescentes, desconociendo que poseen historias atravesadas por la vulneración de derechos, producto de la desidia del estado y de la indiferencia de una sociedad que ahora los culpabiliza, dirigiendo la discusión hacia el castigo y no hacia la adecuada preparación para la vida en libertad.
En el Derecho internacional de DDHH rige el principio de no regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho.Lo regresivo no contribuye en absoluto a favorecer a la mejor protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Observamos el papel de los medios que acentúan este discurso social, instalando esta percepción de miedo y amenaza constante, ocultando a su vez la situación de desprotección con sus marcas de marginalidad que sufren millones de niños y adolescentes en nuestro país en un contexto de violencia estructural que no es denunciada.
Pese al compromiso asumido por nuestro país como estado-parte, de respetar los principios y el paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño,pese a la sanción de la Ley de Protección 26.061, pese a las leyes provinciales y al reordenamiento institucional provocado por ellas, observamos que en nuestra región no se cumple con la letra de la ley, vaciando de contenido la vigencia de esos derechos a favor de la niñez, la adolescencia y la familia.
Constatamos la ausencia de políticas Públicas integrales , efectivas y con permanencia en el tiempo que promuevan un mejor crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Exigimos la efectiva aplicación de las leyes con la asignación de recursos correspondientes.
No se puede desconocer la responsabilidad que le cabe a una sociedad , que avaló durante años la ejecución de políticas que incidieron en el proceso de desintegración social, marginación,pobreza, destrucción de la escuela pública y de los sistemas de salud, empobrecimiento de políticas integrales, pauperización, y desempleo de los padres de estos adolescentes afectando a las familias quienes debieran ser sostén, valor y cuna de aprendizajes. Esa sociedad, a la que pertenecemos, ahora pide medidas de seguridad a costa de estas consecuencias.
También queremos recordar que el delito es amparado por adultos que utilizan a niños y adolescentes para lograr sus objetivos.Pero más grave es saber que el circuito del delito y del crimen solo puede subsistir si hay complicidad de todo un sistema que lo apaña y mira hacia otra parte o bien participa activamente de sus beneficios.
Estamos convencidos de que como adultos e integrantes de una comunidad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de construir una sociedad capaz de resolver sus conflictos, ayudando a sus miembros más desprotegidos mediante acciones de fortalecimiento de sus personas, en todo sentido, y no excluyéndolos de un sistema de convivencia y de oportunidades.
Por ello rechazamos todo intento de estigmatizar y rotular a nuestros adolescentes construyendo en el imaginario social una falsa idea de amenaza y peligrosidad cuando en realidad deberíamos fortalecer los mecanismos de inclusión social, de ejercicio de la ciudadanía,de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sabemos, por experiencia concreta, que no hay mejor prevención que la inclusión. Por ello nos movilizamos junto a otros rechazando la baja de imputabilidad y exigiendo que se impulsen las políticas a favor de la restitución de los Derechos de la Infancia y Adolescencia,tal es el compromiso del Estado y de la Sociedad Civil.
Tomado de http://www.infochubut.com/modules.php?name=News&file=article&sid=13113
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