Los jueces mendocinos siguen dando la nota

Jorge Hirschbrand (MDZOL)

Luis Miret y Otilio Romano se basaron en las leyes de Obediencia debida y Punto Final, a pesar de que esos casos estaban excluidos. El fiscal Omar Palermo pidió que se lo impute por ser cómplices de secuestros y asesinatos. Estas leyes -hoy derogadas- excluían los hechos vinculados con sustracción de menores y el posterior robo de la identidad. A pesar de esta excepción, Miret y Romano cerraron el caso.

Los jueces federales mendocinos Otilio Romano y Luis Miret fueron denunciados por disponer el archivo de una causa vinculada con el robo del bebé de una pareja de desaparecidos durante la última dictadura militar en nuestro país. Se trata de la hija del matrimonio de Alfredo Manrique y Laura Terrera, secuestrados por un grupo de tareas el 24 de julio de 1977 cerca de la terminal de ómnibus.

La investigación abierta por este caso fue cerrada por los camaristas mendocinos en 1987, basándose en las leyes de Obediencia debida y Punto final, que tenían como objetivo dejar de juzgar a los efectivos de las fuerzas armadas que formaron parte del plan sistemático de represión. Sin embargo, estas leyes –actualmente derogadas- excluían los hechos vinculados con la sustracción de menores y el posterior robo de la identidad. A pesar de esta excepción, Miret y Romano cerraron el caso.

(NdR: Rebeca Celina Manrique Terrera fue recuperada recién en 2007, luego de que un análisis de ADN comprobara su verdadera identidad. Su madre apropiadora fue imputada meses más tarde, pero nunca se supo nada de los verdaderos responsables del rapto).

Este caso fue tomado como base y punto de partida por el fiscal general Omar Palermo para pedir al juez federal Walter Bento que cite a los camaristas para tomarles indagatoria. Al parecer, el archivo de esta causa tuvo que ver con la promesa y el pacto que existió antes del retorno de la democracia para garantizar la impunidad de quienes llevaron adelante los secuestros, las torturas y los asesinatos.

Pero los casos de Miret y Romano son diferentes. Además de sus actuaciones ya con un gobierno democrático, se vieron involucrados es testimonios clave que sirvieron para reconstruir la metodología utilizada por el aparato represivo entre 1975 y 1983, cuando retornó la democracia.

Luis Miret era juez federal en ese momento, mientras que Otilio Romano se desempeñaba como fiscal. Y se cree que tuvieron conocimiento directo de las atrocidades que estaban ocurriendo particularmente en Mendoza en esa época y no sólo no hicieron nada para impedirlo, sino que años más tarde dilataron las causas contra los responsables y permitieron que todos sigan los procesos judiciales en libertad.

Palermo es el coordinador de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la sección judicial de Mendoza. Y a partir de una denuncia inicial, cotejó las acusaciones hechas contra los camaristas con el resto de las causas iniciadas en la provincia por la represión ilegal. Todo indica que Miret y Romano tuvieron conocimiento de 101 casos de secuestros, allanamientos ilegales, torturas, abusos sexuales y asesinatos.

Sin embargo, para Palermo y su equipo, los jueces no fueron meros testigos que decidieron no ver, oír o escuchar. La gran apuesta es lograr que Bento los impute por los delitos de “privación abusiva de la libertad” –para Miret- y, además, por “homicidio agravado con alevosía” –para Romano-.

Si el pedido prospera, Miret enfrentaría acusaciones que podrían suponer una condena de hasta 35 años de prisión por la cantidad de hechos que se le endilgan. Para Romano, la situación es más complicada: prisión o reclusión perpetua.

Estas figura delictivas implicarían una inmediata detención y prisión preventiva de los imputados, aunque estas generales de la ley no alcanzan a los camaristas por tener fueros especiales para evitar situaciones como estas. Aunque nada quita que sean investigados y que el proceso siga adelante.

La suerte de los camaristas puede cambiar si el Consejo de la Magistratura, en un investigación iniciada en la Comisión de Acusación y Disciplina, decide llevarlos a juicio político. Porque en el caso de ser destituidos, en cuestión de horas terminarían arrestados.