DOCUMENTOS OBTENIDOS POR ESTE DIARIO DERRIBAN EL MITO DE LOS “CASOS AISLADOS”Nuevas evidencias del Plan Cóndor en Brasil
Un dossier secreto obtenido por Página/12 demuestra el nivel de colaboración que existía entre las dictaduras de Brasil y Argentina, algo que en este país se da por descontado, pero que en Brasil aún genera debate.
Los servicios de Argentina y Brasil compartieron información sobre el poeta Juan Gelman.
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
Cientos de documentos secretos a los que tuvo acceso este diario indican que los lazos que unían a Brasil y Argentina en el Plan Cóndor fueron intensos y continuos por lo menos desde 1975, y con cierta frecuencia antes de ello. La colaboración entre los militares argentinos y brasileños no se limitó al plano operativo. Además de facilitar informaciones o desplegando agentes para dar caza a la resistencia en ambos países, también existió una estrecha colaboración en el plano diplomático. Según muestran los documentos, una parte importante de los diplomáticos brasileños en Sudamérica reportaban al CIEX, una red de inteligencia formada en el Palacio Itamaraty en la segunda mitad de los años ’60 por Manoel Pio, quien llegó a ser secretario general de la Cancillería y a fines de los ’60 se de-sempeñó como embajador en Buenos Aires. Lo sucedió Francisco Azeredo da Silveira, “un hombre que avaló los secuestros de brasileños en Buenos Aires en los ’70”, afirmo Jarbas Silva Marques, el prisionero político que purgó más años en las cárceles de la dictadura brasileña.
En los archivos de la inteligencia brasileña hay informes sobre las actividades del escritor Juan Gelman en Roma y sobre un viaje que al parecer realizó a Madrid “junto a Bidegain, Bonasso M. y otros dirigentes... el 17 de junio de 1978”, reza el despacho incluido en un dossier del Estado Mayor del Ejército de Brasil, caratulado “Movimiento Peronista Montonero en el exterior, Accionar, Contactos, Conexiones con Grupos Terroristas, Antecedentes”. El documento recoge la información que los servicios de inteligencia argentinos les pasaron a sus colegas brasileños. En el dossier del Ejército brasileño también hay detalles sobre las tareas de los exiliados argentinos en México para lograr el exilio del ex presidente Héctor Cámpora, recluido en Buenos Aires, así como datos sobre un encuentro en Beirut, el 21 de junio de 1978, entre “jefes del Ejército Peronista Montoneros (con) los servicios especializados de la resistencia palestina”.
El dossier no contiene grandes revelaciones sobre los Montoneros, pero demuestra el nivel de colaboración que existía entre ambas dictaduras, algo que en la Argentina se da por descontado, pero que en Brasil aún genera debate.
“En Brasil está instalada la idea de que no hubo participación o si la hubo fue secundaria y esto es completamente ajeno a la realidad. Brasil no sólo participó sino que fue una pieza importe dentro del Cóndor”, señala Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño, que sigue el rastro del Cóndor verdeamarillo desde hace tres décadas. “En Brasil se conoce poco y se oculta mucho, gracias a que se impidió que la Justicia investigue. Aquí todavía tenemos la Ley de Amnistía, un absurdo... y porque los militares no liberan sus archivos. Yo le diría así: quien inauguró la Operación Cóndor cuando ni siquiera se la llamaba de ese modo fue Brasil. Agentes de inteligencia brasileños secuestraron a militantes brasileños en Argentina al principio de la década del ’70. Luego, cuando el Cóndor es formalizado en Chile, por Contreras y su gente, los militares brasileños siempre tuvieron la cautela de no dejar huellas en esa coordinación, pero estaban.”
“Supe que fui espiado hasta por la Stasi (policía política de Alemania Oriental), pero ignoraba que mi nombre estaba en los archivos de la dictadura brasileña, como usted está informándome ahora”, dice Gelman desde México, al comienzo de la conversación telefónica. Más adelante, luego de conocer otras informaciones ocultas durante décadas en los armarios de Brasilia, Gelman pondera: “En fin, la verdad es que no parece ser tan asombroso que mi nombre figure en los documentos brasileños citados por usted, porque hubo montoneros importantes secuestrados allá, Horacio Campliglia fue uno”. Se refería al guerrillero desaparecido luego de ser capturado en marzo de 1980 por agentes de ambos países en el Aeropuerto del Galeao, Río de Janeiro, para posteriormente ser trasladado a la mazmorra de Campo de Mayo.
Otras comunicaciones reservadas, éstas procedentes de la embajada en Roma, hablan de las actividades desarrolladas por religiosos brasileños ante organismos internacionales de derechos humanos, gestiones que contaban con el aval de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en el seno de la cual hubo cardenales como Paulo Evaristo Arns, quien acogió refugiados argentinos en San Pablo.
Se observa en los despachos elaborados por diplomáticos y agentes del Cóndor brasileño una preocupación recurrente con los religiosos ligados a la Teología de la Liberación, tanto por las presiones que ésta realizaba en el Vaticano como por el supuesto “financiamiento internacional” que recibían las comunidades eclesiales radicadas en zonas rurales donde actuaba la guerrilla del Partido Comunista de Brasil.
La obsesión sobre los efectos “subversivos” de los curas “tercermundistas” reaparece en una ficha donde está escrito que los “Montoneros son la única organización guerrillera que tienen en su seno, de forma oficial, a sacerdotes con rango de capellanes”.
Más adelante el mismo texto, por momentos borroso, trae informaciones del cura argentino Jorge Adur, quien ostentaba “el grado de capitán del Ejército Montonero... organización que en julio del ’78 envió una notificación al Vaticano sobre su designación”.
El reporte, con sello del Ejército brasileño y presuntamente escrito por los servicios argentinos, está fechado en septiembre de 1978, casi dos años antes de la desaparición de Adur, ocurrida en junio de 1980, poco después de haber sido visto en el estado de Rio Grande do Sul, hasta donde viajó para presentar denuncias ante la comitiva del papa Juan Pablo II.
Un despacho “confidencial”, generado por el Servicio Nacional de Informaciones (SNI) y el Ministerio del Ejército, aborda la presencia “de terroristas del ERP y Montoneros en Brasil”, divaga sobre los motivos de la “infiltración” argentina y ordena a los miembros de las fuerzas armadas y la policía que redoblen esfuerzos para capturarlos.
Y en otro escrito reservado, del 4 de abril del ’78, el SIN, máximo organismo de espionaje subordinado directamente a la presidencia argentina, indica que los Montoneros “volverían a intensificar sus operaciones (en Argentina) durante la realización de la Copa del Mundo, buscando afectar entidades gubernamentales e interferir en las estaciones de radio y televisión”.
El balance provisorio surgido de la lectura de los telegramas e informes reservados obtenidos por Página/12 es que el aparato represivo de los dictadores, particularmente de Ernesto Geisel (gobernó entre 1974 y 1979) y Joao Baptista Figueireido (1979-1985), tipificaba a la guerrilla argentina como una amenaza a la “seguridad nacional” brasileña (tal como consigna textualmente en algunos mensajes).
Algunas de las primeras acciones terroristas binacionales habrían ocurrido en Buenos Aires, en 1970 y 1971, cuando en dos operativos coordinados con Brasil fueron secuestrados, primero, el ex coronel nacionalista Jefferson Cardim y más tarde el guerrillero Edmur Pericles Camargo, hasta hoy desaparecido. Según un telegrama fechado en Buenos Aires en 1971, obtenido por este diario en el Archivo Nacional de Brasilia, la captura de Pericles Camargo fue monitoreada por la embajada brasileña, cuyo titular era Antonio Francisco Azeredo da Silveira.
“En el Archivo del Terror paraguayo estaba guardado un telegrama llegado desde Brasil hablando sobre la coordinación con Argentina y los raptos en 1980. Eso lo descubrió Stella Calloni, autora de un gran trabajo sobre el Cóndor”, apunta el Premio Nobel de la Paz alternativo Martín Almada.
La estrategia de espiar, informar, capturar y eventualmente eliminar extranjeros en Brasil, y connacionales en el exterior, fue aplicada sistemáticamente por el aparto militar-diplomático montado poco después del golpe contra el presidente democrático Joao Goulart, en 1964, sostiene Almada.
“Los brasileños veían a los demás países del cono sur como su patio trasero, y lo querían disciplinado dentro de su plan de guerra al comunismo, y en función de ella secuestraron y asesinaron a disidentes paraguayos a pedido de (Alfredo) Stroessner, que les retribuyó haciendo igual, colaborando en la persecución de brasileños en Paraguay. He visto varios telegramas venidos de Brasil pidiendo la captura de Carlos Maringhela (líder guerrillero). Brasil fue bien disimulado, trabajó con eficacia, sin dejar huellas dentro del Cóndor, se articuló mucho con las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Es lógico que debe haber bastante por descubrir sobre su colaboración con Argentina”, declaró Almada a Página/12. “Nos falta descubrir mucho, espero que esta Comisión de la Verdad lo haga. Creo que hay voluntad de hacerlo, la presidenta Dilma Rousseff mostró coraje impulsándola, los brasileños son responsables de lo que yo llamo Pre Cóndor, y de eso no se sabe casi nada”, señaló Almada.
Ciertamente, el know how de la coordinación represiva no surgió en noviembre de 1975, con la formalización del Cóndor durante la cumbre secreta de las bandas represivas estatales sudamericanas en Santiago, Chile, encabezada por el coronel Manuel Contreras.
Fuente: Pagina 12, jueves
Cientos de documentos secretos a los que tuvo acceso este diario indican que los lazos que unían a Brasil y Argentina en el Plan Cóndor fueron intensos y continuos por lo menos desde 1975, y con cierta frecuencia antes de ello. La colaboración entre los militares argentinos y brasileños no se limitó al plano operativo. Además de facilitar informaciones o desplegando agentes para dar caza a la resistencia en ambos países, también existió una estrecha colaboración en el plano diplomático. Según muestran los documentos, una parte importante de los diplomáticos brasileños en Sudamérica reportaban al CIEX, una red de inteligencia formada en el Palacio Itamaraty en la segunda mitad de los años ’60 por Manoel Pio, quien llegó a ser secretario general de la Cancillería y a fines de los ’60 se de-sempeñó como embajador en Buenos Aires. Lo sucedió Francisco Azeredo da Silveira, “un hombre que avaló los secuestros de brasileños en Buenos Aires en los ’70”, afirmo Jarbas Silva Marques, el prisionero político que purgó más años en las cárceles de la dictadura brasileña.
En los archivos de la inteligencia brasileña hay informes sobre las actividades del escritor Juan Gelman en Roma y sobre un viaje que al parecer realizó a Madrid “junto a Bidegain, Bonasso M. y otros dirigentes... el 17 de junio de 1978”, reza el despacho incluido en un dossier del Estado Mayor del Ejército de Brasil, caratulado “Movimiento Peronista Montonero en el exterior, Accionar, Contactos, Conexiones con Grupos Terroristas, Antecedentes”. El documento recoge la información que los servicios de inteligencia argentinos les pasaron a sus colegas brasileños. En el dossier del Ejército brasileño también hay detalles sobre las tareas de los exiliados argentinos en México para lograr el exilio del ex presidente Héctor Cámpora, recluido en Buenos Aires, así como datos sobre un encuentro en Beirut, el 21 de junio de 1978, entre “jefes del Ejército Peronista Montoneros (con) los servicios especializados de la resistencia palestina”.
El dossier no contiene grandes revelaciones sobre los Montoneros, pero demuestra el nivel de colaboración que existía entre ambas dictaduras, algo que en la Argentina se da por descontado, pero que en Brasil aún genera debate.
“En Brasil está instalada la idea de que no hubo participación o si la hubo fue secundaria y esto es completamente ajeno a la realidad. Brasil no sólo participó sino que fue una pieza importe dentro del Cóndor”, señala Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño, que sigue el rastro del Cóndor verdeamarillo desde hace tres décadas. “En Brasil se conoce poco y se oculta mucho, gracias a que se impidió que la Justicia investigue. Aquí todavía tenemos la Ley de Amnistía, un absurdo... y porque los militares no liberan sus archivos. Yo le diría así: quien inauguró la Operación Cóndor cuando ni siquiera se la llamaba de ese modo fue Brasil. Agentes de inteligencia brasileños secuestraron a militantes brasileños en Argentina al principio de la década del ’70. Luego, cuando el Cóndor es formalizado en Chile, por Contreras y su gente, los militares brasileños siempre tuvieron la cautela de no dejar huellas en esa coordinación, pero estaban.”
“Supe que fui espiado hasta por la Stasi (policía política de Alemania Oriental), pero ignoraba que mi nombre estaba en los archivos de la dictadura brasileña, como usted está informándome ahora”, dice Gelman desde México, al comienzo de la conversación telefónica. Más adelante, luego de conocer otras informaciones ocultas durante décadas en los armarios de Brasilia, Gelman pondera: “En fin, la verdad es que no parece ser tan asombroso que mi nombre figure en los documentos brasileños citados por usted, porque hubo montoneros importantes secuestrados allá, Horacio Campliglia fue uno”. Se refería al guerrillero desaparecido luego de ser capturado en marzo de 1980 por agentes de ambos países en el Aeropuerto del Galeao, Río de Janeiro, para posteriormente ser trasladado a la mazmorra de Campo de Mayo.
Otras comunicaciones reservadas, éstas procedentes de la embajada en Roma, hablan de las actividades desarrolladas por religiosos brasileños ante organismos internacionales de derechos humanos, gestiones que contaban con el aval de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en el seno de la cual hubo cardenales como Paulo Evaristo Arns, quien acogió refugiados argentinos en San Pablo.
Se observa en los despachos elaborados por diplomáticos y agentes del Cóndor brasileño una preocupación recurrente con los religiosos ligados a la Teología de la Liberación, tanto por las presiones que ésta realizaba en el Vaticano como por el supuesto “financiamiento internacional” que recibían las comunidades eclesiales radicadas en zonas rurales donde actuaba la guerrilla del Partido Comunista de Brasil.
La obsesión sobre los efectos “subversivos” de los curas “tercermundistas” reaparece en una ficha donde está escrito que los “Montoneros son la única organización guerrillera que tienen en su seno, de forma oficial, a sacerdotes con rango de capellanes”.
Más adelante el mismo texto, por momentos borroso, trae informaciones del cura argentino Jorge Adur, quien ostentaba “el grado de capitán del Ejército Montonero... organización que en julio del ’78 envió una notificación al Vaticano sobre su designación”.
El reporte, con sello del Ejército brasileño y presuntamente escrito por los servicios argentinos, está fechado en septiembre de 1978, casi dos años antes de la desaparición de Adur, ocurrida en junio de 1980, poco después de haber sido visto en el estado de Rio Grande do Sul, hasta donde viajó para presentar denuncias ante la comitiva del papa Juan Pablo II.
Un despacho “confidencial”, generado por el Servicio Nacional de Informaciones (SNI) y el Ministerio del Ejército, aborda la presencia “de terroristas del ERP y Montoneros en Brasil”, divaga sobre los motivos de la “infiltración” argentina y ordena a los miembros de las fuerzas armadas y la policía que redoblen esfuerzos para capturarlos.
Y en otro escrito reservado, del 4 de abril del ’78, el SIN, máximo organismo de espionaje subordinado directamente a la presidencia argentina, indica que los Montoneros “volverían a intensificar sus operaciones (en Argentina) durante la realización de la Copa del Mundo, buscando afectar entidades gubernamentales e interferir en las estaciones de radio y televisión”.
El balance provisorio surgido de la lectura de los telegramas e informes reservados obtenidos por Página/12 es que el aparato represivo de los dictadores, particularmente de Ernesto Geisel (gobernó entre 1974 y 1979) y Joao Baptista Figueireido (1979-1985), tipificaba a la guerrilla argentina como una amenaza a la “seguridad nacional” brasileña (tal como consigna textualmente en algunos mensajes).
Algunas de las primeras acciones terroristas binacionales habrían ocurrido en Buenos Aires, en 1970 y 1971, cuando en dos operativos coordinados con Brasil fueron secuestrados, primero, el ex coronel nacionalista Jefferson Cardim y más tarde el guerrillero Edmur Pericles Camargo, hasta hoy desaparecido. Según un telegrama fechado en Buenos Aires en 1971, obtenido por este diario en el Archivo Nacional de Brasilia, la captura de Pericles Camargo fue monitoreada por la embajada brasileña, cuyo titular era Antonio Francisco Azeredo da Silveira.
“En el Archivo del Terror paraguayo estaba guardado un telegrama llegado desde Brasil hablando sobre la coordinación con Argentina y los raptos en 1980. Eso lo descubrió Stella Calloni, autora de un gran trabajo sobre el Cóndor”, apunta el Premio Nobel de la Paz alternativo Martín Almada.
La estrategia de espiar, informar, capturar y eventualmente eliminar extranjeros en Brasil, y connacionales en el exterior, fue aplicada sistemáticamente por el aparto militar-diplomático montado poco después del golpe contra el presidente democrático Joao Goulart, en 1964, sostiene Almada.
“Los brasileños veían a los demás países del cono sur como su patio trasero, y lo querían disciplinado dentro de su plan de guerra al comunismo, y en función de ella secuestraron y asesinaron a disidentes paraguayos a pedido de (Alfredo) Stroessner, que les retribuyó haciendo igual, colaborando en la persecución de brasileños en Paraguay. He visto varios telegramas venidos de Brasil pidiendo la captura de Carlos Maringhela (líder guerrillero). Brasil fue bien disimulado, trabajó con eficacia, sin dejar huellas dentro del Cóndor, se articuló mucho con las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Es lógico que debe haber bastante por descubrir sobre su colaboración con Argentina”, declaró Almada a Página/12. “Nos falta descubrir mucho, espero que esta Comisión de la Verdad lo haga. Creo que hay voluntad de hacerlo, la presidenta Dilma Rousseff mostró coraje impulsándola, los brasileños son responsables de lo que yo llamo Pre Cóndor, y de eso no se sabe casi nada”, señaló Almada.
Ciertamente, el know how de la coordinación represiva no surgió en noviembre de 1975, con la formalización del Cóndor durante la cumbre secreta de las bandas represivas estatales sudamericanas en Santiago, Chile, encabezada por el coronel Manuel Contreras.
Fuente: Pagina 12, jueves
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LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA BRASILEÑA
Una ayuda para Astiz
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.
Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.
Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.
Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.
La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.
Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.
La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.
El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.
Fuente: Pagina 12, viernes
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SANCIONAN LA LEY PARA INVESTIGAR LOS CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA
La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.
Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.
Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.
Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.
La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.
Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.
La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.
El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.
Fuente: Pagina 12, viernes
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SANCIONAN LA LEY PARA INVESTIGAR LOS CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA
Brasil comienza a buscar su verdad
Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es prioritario para la política de derechos humanos del gobierno de Dilma, quien sufrió sus efectos durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas.Para Rousseff, la ley “significa la consolidación de la democracia”.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Todo fue preparado para una sesión solemne. La invitación al acto, expedida por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, recuerda que la sanción de la ley que crea la Comisión de la Verdad, por parte de Dilma Rou- sseff, “significa la consolidación de la democracia y de los derechos humanos”, y que se trata de “un momento histórico”.
Así que hoy, día de la sanción, momento histórico, Dilma cumple con lo que prometió el 1o de enero, cuando asumió la presidencia. Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es una de las prioridades de la política de derechos humanos del gobierno de quien sufrió directamente sus efectos, durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas de todo tipo. Pero se trata de algo más complejo. Se investigarán crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura que sojuzgó al país entre 1964 y 1985, pero ese terrorismo de Estado quedará impune. Asegurar esa impunidad fue condición impuesta por los militares para que hubiese acuerdo con su antecesor, Lula da Silva. Y Lula, quizá el presidente con mayor respaldo popular de la historia de Brasil, se tragó esa imposición.
También hoy se espera que Dilma anuncie los nombres de los siete miembros que integrarán la comisión. Hay expectativa en relación con esa lista. Acorde a los términos que Dilma sancionará serán brasileños, “de reconocida idoneidad y conducta ética, identificados con la defensa de la democracia y de la institucionalidad constitucional, como con el respeto a los derechos humanos”.
Esa obviedad –¿alguien pretendería nombrar a brasileños de reconocida conducta inmoral e identificados con la agresión a la democracia para semejante tarea?– le fue impuesta por el sector más derechista del Congreso, no por casualidad heredero de la dictadura. Ha sido una forma de impedir que quienes hayan participado de la lucha por la amnistía o que hayan defendido la revisión de la ley que aseguró impunidad perpetua para los represores (una aberración jurídica, bajo la luz de acuerdos internacionales firmados por Brasil) sean llamados para investigar el terrorismo de Estado. Queda abierta la posibilidad de que los sectores más recalcitrantes de las fuerzas armadas, a través de sus propuestas en el Congreso, traten de vetar a quien no sea considerado, bajo su óptica peculiar, imparcial.
En los últimos días, grupos de defensores de los derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión elaboraron una lista de nombres, que ha sido formalmente enviada al despacho de Dilma, como sugerencia para el nombramiento de la Comisión de la Verdad. Hay juristas, altos funcionarios del Poder Judicial, profesores universitarios, abogados, viudas de muertos por la represión. João Vicente Goulart, hijo de Jango Goulart, el presidente constitucional depuesto por el golpe de 1964, está en una de esas listas. Aunque hasta la noche de ayer los nombres efectivamente seleccionados por Dilma fuesen un misterio, parece obvio que nadie directamente relacionado con víctimas de la represión integrará la lista efectiva. Serían vetados por los voceros de los cuarteles en el Congreso.
Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muchos los grupos y organizaciones que propusieron enmiendas para que, además de investigar, la comisión pudiese elevar sus conclusiones y denuncias a la Justicia. Todas las enmiendas fueron rechazadas.
Frente a las limitaciones de los trabajos de la comisión, muchas personalidades relevantes pidieron de manera velada que sus nombres no fuesen evaluados por el gobierno para una eventual invitación. Figuras históricas de la lucha por el derecho a la memoria y a la verdad han preferido no legitimar una comisión que no llegue a las últimas consecuencias, o sea, a la punición de los que participaron en actos de lesa humanidad.
De todas formas, se trata de un avance. Si logra efectivamente cumplir con su tarea, la comisión realizará sesiones públicas, convocará testigos y requerirá informaciones de órganos públicos, como el ejército, inclusive documentos clasificados como secretos. No habrá punición pero seguramente habrá malestar por lo que será expuesto al público. Ese resultado servirá de base, según esperan los optimistas, para lo que pueda ocurrir el día en que Brasil entienda que su ley de amnistía, decretada al cierre de las luces de la dictadura, es absurda bajo el punto de vista moral, jurídico y del derecho a la verdad y a la memoria.
De parte de Lula da Silva, Dilma Rousseff recibió un legado plagado de conquistas formidables. Pero también recibió un baúl lleno de espinas. Además de ministros corruptos, heredó la corrupción de la memoria, practicada por los sectores militares que siguen creyendo que pueden amenazar al régimen democrático constitucional y que todavía existe alguien que todavía les teme. Lula da Silva, por ejemplo.
Fuente: Pagina 12, viernes
Todo fue preparado para una sesión solemne. La invitación al acto, expedida por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, recuerda que la sanción de la ley que crea la Comisión de la Verdad, por parte de Dilma Rou- sseff, “significa la consolidación de la democracia y de los derechos humanos”, y que se trata de “un momento histórico”.
Así que hoy, día de la sanción, momento histórico, Dilma cumple con lo que prometió el 1o de enero, cuando asumió la presidencia. Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es una de las prioridades de la política de derechos humanos del gobierno de quien sufrió directamente sus efectos, durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas de todo tipo. Pero se trata de algo más complejo. Se investigarán crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura que sojuzgó al país entre 1964 y 1985, pero ese terrorismo de Estado quedará impune. Asegurar esa impunidad fue condición impuesta por los militares para que hubiese acuerdo con su antecesor, Lula da Silva. Y Lula, quizá el presidente con mayor respaldo popular de la historia de Brasil, se tragó esa imposición.
También hoy se espera que Dilma anuncie los nombres de los siete miembros que integrarán la comisión. Hay expectativa en relación con esa lista. Acorde a los términos que Dilma sancionará serán brasileños, “de reconocida idoneidad y conducta ética, identificados con la defensa de la democracia y de la institucionalidad constitucional, como con el respeto a los derechos humanos”.
Esa obviedad –¿alguien pretendería nombrar a brasileños de reconocida conducta inmoral e identificados con la agresión a la democracia para semejante tarea?– le fue impuesta por el sector más derechista del Congreso, no por casualidad heredero de la dictadura. Ha sido una forma de impedir que quienes hayan participado de la lucha por la amnistía o que hayan defendido la revisión de la ley que aseguró impunidad perpetua para los represores (una aberración jurídica, bajo la luz de acuerdos internacionales firmados por Brasil) sean llamados para investigar el terrorismo de Estado. Queda abierta la posibilidad de que los sectores más recalcitrantes de las fuerzas armadas, a través de sus propuestas en el Congreso, traten de vetar a quien no sea considerado, bajo su óptica peculiar, imparcial.
En los últimos días, grupos de defensores de los derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión elaboraron una lista de nombres, que ha sido formalmente enviada al despacho de Dilma, como sugerencia para el nombramiento de la Comisión de la Verdad. Hay juristas, altos funcionarios del Poder Judicial, profesores universitarios, abogados, viudas de muertos por la represión. João Vicente Goulart, hijo de Jango Goulart, el presidente constitucional depuesto por el golpe de 1964, está en una de esas listas. Aunque hasta la noche de ayer los nombres efectivamente seleccionados por Dilma fuesen un misterio, parece obvio que nadie directamente relacionado con víctimas de la represión integrará la lista efectiva. Serían vetados por los voceros de los cuarteles en el Congreso.
Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muchos los grupos y organizaciones que propusieron enmiendas para que, además de investigar, la comisión pudiese elevar sus conclusiones y denuncias a la Justicia. Todas las enmiendas fueron rechazadas.
Frente a las limitaciones de los trabajos de la comisión, muchas personalidades relevantes pidieron de manera velada que sus nombres no fuesen evaluados por el gobierno para una eventual invitación. Figuras históricas de la lucha por el derecho a la memoria y a la verdad han preferido no legitimar una comisión que no llegue a las últimas consecuencias, o sea, a la punición de los que participaron en actos de lesa humanidad.
De todas formas, se trata de un avance. Si logra efectivamente cumplir con su tarea, la comisión realizará sesiones públicas, convocará testigos y requerirá informaciones de órganos públicos, como el ejército, inclusive documentos clasificados como secretos. No habrá punición pero seguramente habrá malestar por lo que será expuesto al público. Ese resultado servirá de base, según esperan los optimistas, para lo que pueda ocurrir el día en que Brasil entienda que su ley de amnistía, decretada al cierre de las luces de la dictadura, es absurda bajo el punto de vista moral, jurídico y del derecho a la verdad y a la memoria.
De parte de Lula da Silva, Dilma Rousseff recibió un legado plagado de conquistas formidables. Pero también recibió un baúl lleno de espinas. Además de ministros corruptos, heredó la corrupción de la memoria, practicada por los sectores militares que siguen creyendo que pueden amenazar al régimen democrático constitucional y que todavía existe alguien que todavía les teme. Lula da Silva, por ejemplo.
Fuente: Pagina 12, viernes
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