Eran ciudadanos que buscaban protegerse de la persecución en sus propios países. Pero tras la entrega a su nación de origen, la mayoría terminó asesinada. La información estaba en manos de una comisión de la ONU. En los 21 años de la última dictadura (1964-1985), Brasil expulsó a más de mil refugiados sudamericanos tras un pacto sellado con los otros gobiernos del Cono Sur.
Según documentos de las Naciones Unidas a los que tuvo acceso la Comisión de la Verdad, de reciente creación, el acuerdo para la expulsión de los exiliados fue pactado entre 78 militares brasileños y argentinos que contaron con el apoyo de las dictaduras de Chile, Paraguay y Uruguay. Esta fase desconocida del Plan Cóndor de coordinación represiva entre los regímenes cívico-militares de la región, consta en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
De acuerdo con la documentación recogida por la Comisión de la Verdad, Brasil entregó a sus países de origen a los ciudadanos opositores que salían de su tierra en busca de protección, una situación que la ONU define como "episodios flagrantes de violación a los Derechos Humanos". En muchos de esos casos –que hasta ahora habían sido considerados como hechos aislados– las personas "devueltas" eran luego asesinadas en sus naciones. Fuentes diplomáticas aseguraron en su momento que los dictadores brasileños rechazaron incluso pedidos de amparo a los refugiados que llegaban a su cancillería con el aval del organismo multilateral.
Según estadísticas de dudosa veracidad, Brasil recibió entre 1977 y 1982 a unas 3300 personas llegadas desde países latinoamericanos en busca de asilo político, pero les concedió ese estatus a sólo 1380, todas transferidas luego a otros lugares. Esa situación fue denunciada en 1979 por el entonces representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Rolf Jenny. La agencia de la ONU señaló en aquellos años que "Brasil no aplica en la práctica la ley de asilo nacional para la gente de izquierda y los no europeos", y que el país mantenía de ese modo una "posición extraoficial".
Además de las investigaciones hechas en Brasil y de la colaboración recibida de la ONU, en su función asignada de investigar todas las formas de abuso de los Derechos Humanos durante los 21 años de la dictadura, la Comisión de la Verdad saldrá a la búsqueda de documentos, archivos policiales y militares, y telegramas diplomáticos sobre aspectos mantenidos en secreto por gobiernos extranjeros y organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Según trascendió ayer en medios diplomáticos, la comisión también tiene decidido pedir el acceso a los archivos diplomáticos de los demás países del Cóndor. «
Fuente: Ansa, Efe y Télam
