miércoles, 28 de diciembre de 2011

La Ford y la Dictadura, negocios, tortura y represión 1

Esta investigación revela los estrechos vínculos entre Ford y la última dictadura, una alianza que sellaría el destino trágico de 24 delegados de la fábrica. Describe cuáles fueron los beneficios mutuos que derivaron de esta relación. 


Para la Ford, poder mantener sus niveles de producción y ganancia, para la cuál necesitaba deshacerse de los trabajadores sindicalizados. Para la Dictadura, contar con los Falcon no identificables, símbolo de la represión clandestina. En el medio, los secuestros de sus delegados sindicales, que aún hoy esperan justicia.



Con la participación especial de Cutuli, y los relatos de Tom Lupo.
Equipo Investigación Nacional: Diego González, Juan Guibelalde, Miriam Lewin, Ari Lijalad, Paula Niccolini y Matilde Sosa. investigacion@radionacional.gov.ar
Tomado de Radio Nacional

martes, 22 de noviembre de 2011

Lugares de detención transitoria y centros clandestinos de detención

La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) instalada en 1984 al finalizar la dictadura, identificó algo más de 360 lugares de detención clandestina. En los años posteriores, fueron pocos y lentos los avances en la investigación que brindaran información precisa sobre esos y otros recintos.

Más de dos décadas después y por el esfuerzo de los sobrevivientes, los organismos de Derechos Humanos, la tarea de los jueces y fiscales y las entidades públicas de nivel local, provincial y nacional, ha sido posible enriquecer esa información primera.

Memoria Abierta se propuso desde su fundación contribuir a dar mayor visibilidad a esos edificios que sirvieron a la represión ilegal, como una forma de impedir que el olvido o las acciones materiales deliberadas, pretendan negar su existencia.

Se trata de un trabajo permanente. El relevamiento y la investigación, realizado junto a personas y organizaciones locales involucradas en las tareas de memoria, nos llevó a diseñar los mapas que hoy presentamos. Estos mapas pueden imprimirse y usarse con objetivos pedagógicos, de estudio o para la investigación judicial.

Esperamos que constituyan un nuevo instrumento útil para reconocer la dimensión del terrorismo de Estado en la Argentina y comprender la lógica y el carácter sistemático que alcanzó la represión. También para darnos cuenta de la tarea que aún nos falta realizar para construir una memoria más precisa y federal.

Enviado por MEMORIA ABIERTA

viernes, 18 de noviembre de 2011

Plan Condor en Brasil, Repercuciones varias

DOCUMENTOS OBTENIDOS POR ESTE DIARIO DERRIBAN EL MITO DE LOS “CASOS AISLADOS”

Nuevas evidencias del Plan Cóndor en Brasil

Un dossier secreto obtenido por Página/12 demuestra el nivel de colaboración que existía entre las dictaduras de Brasil y Argentina, algo que en este país se da por descontado, pero que en Brasil aún genera debate.
 
Los servicios de Argentina y Brasil compartieron información sobre el poeta Juan Gelman.
 
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
Cientos de documentos secretos a los que tuvo acceso este diario indican que los lazos que unían a Brasil y Argentina en el Plan Cóndor fueron intensos y continuos por lo menos desde 1975, y con cierta frecuencia antes de ello. La colaboración entre los militares argentinos y brasileños no se limitó al plano operativo. Además de facilitar informaciones o desplegando agentes para dar caza a la resistencia en ambos países, también existió una estrecha colaboración en el plano diplomático. Según muestran los documentos, una parte importante de los diplomáticos brasileños en Sudamérica reportaban al CIEX, una red de inteligencia formada en el Palacio Itamaraty en la segunda mitad de los años ’60 por Manoel Pio, quien llegó a ser secretario general de la Cancillería y a fines de los ’60 se de-sempeñó como embajador en Buenos Aires. Lo sucedió Francisco Azeredo da Silveira, “un hombre que avaló los secuestros de brasileños en Buenos Aires en los ’70”, afirmo Jarbas Silva Marques, el prisionero político que purgó más años en las cárceles de la dictadura brasileña.
En los archivos de la inteligencia brasileña hay informes sobre las actividades del escritor Juan Gelman en Roma y sobre un viaje que al parecer realizó a Madrid “junto a Bidegain, Bonasso M. y otros dirigentes... el 17 de junio de 1978”, reza el despacho incluido en un dossier del Estado Mayor del Ejército de Brasil, caratulado “Movimiento Peronista Montonero en el exterior, Accionar, Contactos, Conexiones con Grupos Terroristas, Antecedentes”. El documento recoge la información que los servicios de inteligencia argentinos les pasaron a sus colegas brasileños. En el dossier del Ejército brasileño también hay detalles sobre las tareas de los exiliados argentinos en México para lograr el exilio del ex presidente Héctor Cámpora, recluido en Buenos Aires, así como datos sobre un encuentro en Beirut, el 21 de junio de 1978, entre “jefes del Ejército Peronista Montoneros (con) los servicios especializados de la resistencia palestina”.
El dossier no contiene grandes revelaciones sobre los Montoneros, pero demuestra el nivel de colaboración que existía entre ambas dictaduras, algo que en la Argentina se da por descontado, pero que en Brasil aún genera debate.
“En Brasil está instalada la idea de que no hubo participación o si la hubo fue secundaria y esto es completamente ajeno a la realidad. Brasil no sólo participó sino que fue una pieza importe dentro del Cóndor”, señala Jair Krischke, titular del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos brasileño, que sigue el rastro del Cóndor verdeamarillo desde hace tres décadas. “En Brasil se conoce poco y se oculta mucho, gracias a que se impidió que la Justicia investigue. Aquí todavía tenemos la Ley de Amnistía, un absurdo... y porque los militares no liberan sus archivos. Yo le diría así: quien inauguró la Operación Cóndor cuando ni siquiera se la llamaba de ese modo fue Brasil. Agentes de inteligencia brasileños secuestraron a militantes brasileños en Argentina al principio de la década del ’70. Luego, cuando el Cóndor es formalizado en Chile, por Contreras y su gente, los militares brasileños siempre tuvieron la cautela de no dejar huellas en esa coordinación, pero estaban.”
“Supe que fui espiado hasta por la Stasi (policía política de Alemania Oriental), pero ignoraba que mi nombre estaba en los archivos de la dictadura brasileña, como usted está informándome ahora”, dice Gelman desde México, al comienzo de la conversación telefónica. Más adelante, luego de conocer otras informaciones ocultas durante décadas en los armarios de Brasilia, Gelman pondera: “En fin, la verdad es que no parece ser tan asombroso que mi nombre figure en los documentos brasileños citados por usted, porque hubo montoneros importantes secuestrados allá, Horacio Campliglia fue uno”. Se refería al guerrillero desaparecido luego de ser capturado en marzo de 1980 por agentes de ambos países en el Aeropuerto del Galeao, Río de Janeiro, para posteriormente ser trasladado a la mazmorra de Campo de Mayo.
Otras comunicaciones reservadas, éstas procedentes de la embajada en Roma, hablan de las actividades desarrolladas por religiosos brasileños ante organismos internacionales de derechos humanos, gestiones que contaban con el aval de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, en el seno de la cual hubo cardenales como Paulo Evaristo Arns, quien acogió refugiados argentinos en San Pablo.
Se observa en los despachos elaborados por diplomáticos y agentes del Cóndor brasileño una preocupación recurrente con los religiosos ligados a la Teología de la Liberación, tanto por las presiones que ésta realizaba en el Vaticano como por el supuesto “financiamiento internacional” que recibían las comunidades eclesiales radicadas en zonas rurales donde actuaba la guerrilla del Partido Comunista de Brasil.
La obsesión sobre los efectos “subversivos” de los curas “tercermundistas” reaparece en una ficha donde está escrito que los “Montoneros son la única organización guerrillera que tienen en su seno, de forma oficial, a sacerdotes con rango de capellanes”.
Más adelante el mismo texto, por momentos borroso, trae informaciones del cura argentino Jorge Adur, quien ostentaba “el grado de capitán del Ejército Montonero... organización que en julio del ’78 envió una notificación al Vaticano sobre su designación”.
El reporte, con sello del Ejército brasileño y presuntamente escrito por los servicios argentinos, está fechado en septiembre de 1978, casi dos años antes de la desaparición de Adur, ocurrida en junio de 1980, poco después de haber sido visto en el estado de Rio Grande do Sul, hasta donde viajó para presentar denuncias ante la comitiva del papa Juan Pablo II.
Un despacho “confidencial”, generado por el Servicio Nacional de Informaciones (SNI) y el Ministerio del Ejército, aborda la presencia “de terroristas del ERP y Montoneros en Brasil”, divaga sobre los motivos de la “infiltración” argentina y ordena a los miembros de las fuerzas armadas y la policía que redoblen esfuerzos para capturarlos.
Y en otro escrito reservado, del 4 de abril del ’78, el SIN, máximo organismo de espionaje subordinado directamente a la presidencia argentina, indica que los Montoneros “volverían a intensificar sus operaciones (en Argentina) durante la realización de la Copa del Mundo, buscando afectar entidades gubernamentales e interferir en las estaciones de radio y televisión”.
El balance provisorio surgido de la lectura de los telegramas e informes reservados obtenidos por Página/12 es que el aparato represivo de los dictadores, particularmente de Ernesto Geisel (gobernó entre 1974 y 1979) y Joao Baptista Figueireido (1979-1985), tipificaba a la guerrilla argentina como una amenaza a la “seguridad nacional” brasileña (tal como consigna textualmente en algunos mensajes).
Algunas de las primeras acciones terroristas binacionales habrían ocurrido en Buenos Aires, en 1970 y 1971, cuando en dos operativos coordinados con Brasil fueron secuestrados, primero, el ex coronel nacionalista Jefferson Cardim y más tarde el guerrillero Edmur Pericles Camargo, hasta hoy desaparecido. Según un telegrama fechado en Buenos Aires en 1971, obtenido por este diario en el Archivo Nacional de Brasilia, la captura de Pericles Camargo fue monitoreada por la embajada brasileña, cuyo titular era Antonio Francisco Azeredo da Silveira.
“En el Archivo del Terror paraguayo estaba guardado un telegrama llegado desde Brasil hablando sobre la coordinación con Argentina y los raptos en 1980. Eso lo descubrió Stella Calloni, autora de un gran trabajo sobre el Cóndor”, apunta el Premio Nobel de la Paz alternativo Martín Almada.
La estrategia de espiar, informar, capturar y eventualmente eliminar extranjeros en Brasil, y connacionales en el exterior, fue aplicada sistemáticamente por el aparto militar-diplomático montado poco después del golpe contra el presidente democrático Joao Goulart, en 1964, sostiene Almada.
“Los brasileños veían a los demás países del cono sur como su patio trasero, y lo querían disciplinado dentro de su plan de guerra al comunismo, y en función de ella secuestraron y asesinaron a disidentes paraguayos a pedido de (Alfredo) Stroessner, que les retribuyó haciendo igual, colaborando en la persecución de brasileños en Paraguay. He visto varios telegramas venidos de Brasil pidiendo la captura de Carlos Maringhela (líder guerrillero). Brasil fue bien disimulado, trabajó con eficacia, sin dejar huellas dentro del Cóndor, se articuló mucho con las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Es lógico que debe haber bastante por descubrir sobre su colaboración con Argentina”, declaró Almada a Página/12. “Nos falta descubrir mucho, espero que esta Comisión de la Verdad lo haga. Creo que hay voluntad de hacerlo, la presidenta Dilma Rousseff mostró coraje impulsándola, los brasileños son responsables de lo que yo llamo Pre Cóndor, y de eso no se sabe casi nada”, señaló Almada.
Ciertamente, el know how de la coordinación represiva no surgió en noviembre de 1975, con la formalización del Cóndor durante la cumbre secreta de las bandas represivas estatales sudamericanas en Santiago, Chile, encabezada por el coronel Manuel Contreras.
Fuente: Pagina 12, jueves
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LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA BRASILEÑA

Una ayuda para Astiz

Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.
Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.
Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.
Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.
La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.
Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.
La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.
El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.
Fuente: Pagina 12, viernes

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SANCIONAN LA LEY PARA INVESTIGAR LOS CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA

Brasil comienza a buscar su verdad

Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es prioritario para la política de derechos humanos del gobierno de Dilma, quien sufrió sus efectos durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas.

Para Rousseff, la ley “significa la consolidación de la democracia”.
 
 
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Todo fue preparado para una sesión solemne. La invitación al acto, expedida por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, recuerda que la sanción de la ley que crea la Comisión de la Verdad, por parte de Dilma Rou- sseff, “significa la consolidación de la democracia y de los derechos humanos”, y que se trata de “un momento histórico”.
Así que hoy, día de la sanción, momento histórico, Dilma cumple con lo que prometió el 1o de enero, cuando asumió la presidencia. Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es una de las prioridades de la política de derechos humanos del gobierno de quien sufrió directamente sus efectos, durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas de todo tipo. Pero se trata de algo más complejo. Se investigarán crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura que sojuzgó al país entre 1964 y 1985, pero ese terrorismo de Estado quedará impune. Asegurar esa impunidad fue condición impuesta por los militares para que hubiese acuerdo con su antecesor, Lula da Silva. Y Lula, quizá el presidente con mayor respaldo popular de la historia de Brasil, se tragó esa imposición.
También hoy se espera que Dilma anuncie los nombres de los siete miembros que integrarán la comisión. Hay expectativa en relación con esa lista. Acorde a los términos que Dilma sancionará serán brasileños, “de reconocida idoneidad y conducta ética, identificados con la defensa de la democracia y de la institucionalidad constitucional, como con el respeto a los derechos humanos”.
Esa obviedad –¿alguien pretendería nombrar a brasileños de reconocida conducta inmoral e identificados con la agresión a la democracia para semejante tarea?– le fue impuesta por el sector más derechista del Congreso, no por casualidad heredero de la dictadura. Ha sido una forma de impedir que quienes hayan participado de la lucha por la amnistía o que hayan defendido la revisión de la ley que aseguró impunidad perpetua para los represores (una aberración jurídica, bajo la luz de acuerdos internacionales firmados por Brasil) sean llamados para investigar el terrorismo de Estado. Queda abierta la posibilidad de que los sectores más recalcitrantes de las fuerzas armadas, a través de sus propuestas en el Congreso, traten de vetar a quien no sea considerado, bajo su óptica peculiar, imparcial.
En los últimos días, grupos de defensores de los derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión elaboraron una lista de nombres, que ha sido formalmente enviada al despacho de Dilma, como sugerencia para el nombramiento de la Comisión de la Verdad. Hay juristas, altos funcionarios del Poder Judicial, profesores universitarios, abogados, viudas de muertos por la represión. João Vicente Goulart, hijo de Jango Goulart, el presidente constitucional depuesto por el golpe de 1964, está en una de esas listas. Aunque hasta la noche de ayer los nombres efectivamente seleccionados por Dilma fuesen un misterio, parece obvio que nadie directamente relacionado con víctimas de la represión integrará la lista efectiva. Serían vetados por los voceros de los cuarteles en el Congreso.
Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muchos los grupos y organizaciones que propusieron enmiendas para que, además de investigar, la comisión pudiese elevar sus conclusiones y denuncias a la Justicia. Todas las enmiendas fueron rechazadas.
Frente a las limitaciones de los trabajos de la comisión, muchas personalidades relevantes pidieron de manera velada que sus nombres no fuesen evaluados por el gobierno para una eventual invitación. Figuras históricas de la lucha por el derecho a la memoria y a la verdad han preferido no legitimar una comisión que no llegue a las últimas consecuencias, o sea, a la punición de los que participaron en actos de lesa humanidad.
De todas formas, se trata de un avance. Si logra efectivamente cumplir con su tarea, la comisión realizará sesiones públicas, convocará testigos y requerirá informaciones de órganos públicos, como el ejército, inclusive documentos clasificados como secretos. No habrá punición pero seguramente habrá malestar por lo que será expuesto al público. Ese resultado servirá de base, según esperan los optimistas, para lo que pueda ocurrir el día en que Brasil entienda que su ley de amnistía, decretada al cierre de las luces de la dictadura, es absurda bajo el punto de vista moral, jurídico y del derecho a la verdad y a la memoria.
De parte de Lula da Silva, Dilma Rousseff recibió un legado plagado de conquistas formidables. Pero también recibió un baúl lleno de espinas. Además de ministros corruptos, heredó la corrupción de la memoria, practicada por los sectores militares que siguen creyendo que pueden amenazar al régimen democrático constitucional y que todavía existe alguien que todavía les teme. Lula da Silva, por ejemplo.
Fuente: Pagina 12, viernes

lunes, 31 de octubre de 2011

Buscamos Vida. Estreno Cine Gaumont

Estreno de BUSCAMOS VIDA el lunes 31 de octubre, 21 horas en el CINE GAUMONT de Avenida Rivadavia 1635. 
Antes de instaurarse la última dictadura cívico militar, apenas finalizados los comicios el 11 de marzo de 1973, los grupos económicos multinacionales, la oligarquía nativa y las fuerzas armadas argentinas empezaron a planificar lo que iba a desencadenar el más grande genocidio contra la clase obrera argentina. En Campo de Mayo, la guarnición militar más grande del País, perteneciente al Ejército Argentino,  se reunían todos los primeros jueves de cada mes, la CIA, la coordinadora represiva del cono sur conocida como Plan CÓNDOR  y el Batallón de Inteligencia 601 para coordinar la infiltración en todas las fábricas y recabar información sobre los obreros clasistas a quienes iban a desaparecer durante la larga noche del terrorismo de Estado. Fueron 5.000 desaparecidos, aproximadamente 200 niños apropiados a las prisioneras y secuestradas las comisiones internas de todas las fábricas como Astarsa, Ford, Dálmine Siderca, Mercedes Benz, TENSA, etc. donde se resistía el plan de hambre y entrega.

Mascaró Cine Americano

Crímenes sexuales de la dictadura uruguaya.:Los represores buscaban "morbosamente el placer"

Los torturas físicas y psicológicas y los delitos sexuales cometidos contra 28 ex presas políticas forman parte de una nueva denuncia penal, por las violaciones a los derechos humanos perpetrados por decenas de agentes del Estado, durante la última dictadura cívico-militar.


La denuncia narra los ilícitos perpetrados por agentes estatales, hombres y mujeres, contra las mujeres detenidas por motivos político-ideológicos, en varias unidades militares, como el Penal de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, entre otros.


“Los denunciados tuvieron activa participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables directos e indirectos, por acción u omisión, de la comisión de delitos calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada consistentes en delitos sexuales y torturas, afectando su integridad física y mental y su derecho a la dignidad”, expresa el escrito promovido por los abogados Federido Álvarez Petraglia y Martha Scarpita, al cual accedió LA REPÚBLICA.


La conducta de los represores tenía como finalidad “la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”, mediante un menoscabo de su integridad con prácticas como “la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos (…) llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, agrega. “De lo sumariamente expuesto se desprende que las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra”.


Los represores buscaban “morbosamente el placer” con estas prácticas, por cuanto “no se contentaban con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información, sino que por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”, expresa.


En este sentido, “la violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de género ejercida por agentes del Estado”.


Por tanto, el escrito solicita la categorización de los crímenes como delitos de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles, en virtud de los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos y de violencia sexual contra las mujeres.


Fuente: La República

El plan Condor en Brasil

El gobierno brasileño dará información a Uruguay para investigar los operativos del Plan Cóndor durante las dictaduras militares latinoamericanas. Uno de los primeros casos en mente es el de Lilián Celiberti, detenida en territorio brasileño cuando intentaba exiliarse.


La Comisión de la Verdad de Brasil aportará datos a Uruguay, Paraguay y Argentina para ayudar a recuperar los desaparecidos durante la Operación Cóndor, un sistema de cooperación internacional entre los gobiernos de la década del 70 para reprimir los movimientos de izquierda y mantener las dictaduras.


"Debemos saber qué ocurrió en la Operación Cóndor, qué ocurrió entre nuestros hermanos que lucharon contra las dictaduras del Cono Sur, que sufrieron y que nos dejaron ese tiempo de democracia que hoy vivimos en nuestro continente", expresó la ministra de Derechos Humanos de Brasil, María Do Rosario Nunes. Esto ocurrió días atrás, en una reunión realizada en la sede del Mercosur, donde la ministra expresó que el intercambio de información ayudará a esclarecer numerosos casos de desapariciones, torturas, detenciones y asesinatos que fueron realizados en coordinación con ambos países.


"Uruguay es un país con una amplia contribución, porque realizó un enfrentamiento a la dictadura militar. Consiguió afirmar un proyecto democrático, y encontrar memoria verdad y justicia para su gente y su historia. Ese es un buen ejemplo para Brasil y el mundo", agregó Nunes.


La comisión brasileña fue aprobada por el Senado el pasado miércoles, y se encargará de investigar la dictadura militar local ocurrida entre los años 1964 y 1985 aunque ahora resta que su creación sea sancionada por la presidenta Dilma Rousseff, según informó la agencia de noticias Ansa. Entre los casos que incluyen a uruguayos se encuentra el secuestro de Lilián Celiberti, detenida en 1978. 


Fuente: Ultimas Noticias

Brasil tendrá sus juicios por la verdad. Los crímenes de la dictadura brasileña

La Radio del Sur /Agencias. El Senado brasileño aprobó por unanimidad y convirtió en ley la creación de una Comisión de la Verdad que investigará los crímenes cometidos durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, aunque no tendrá poder de sancionar a los culpables.
La iniciativa, que había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados en septiembre, fue votado por la Cámara alta casi sobre la medianoche de ayer, cuando la totalidad de los legisladores presentes aprobaron a mano alzada la iniciativa.
Para seguir leyendo pinche aquí.

No prescriben los crímenes de lesa humanidad en Uruguay

En una extensísima sesión en la que no faltaron reproches y revisiones históricas que diferían abismalmente entre sí dependiendo de quien lo expusiera, los diputados, con los únicos 50 votos a favor del Frente Amplio, convertian en ley la norma que restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado y declara que los delitos cometidos por el terrorismo de Estado no prescriben. Anoche mismo el articulado pasaba a la órbita del Poder Ejecutivo para que este proceda a su promulgación...
Para seguir leyendo pinche aquí.

sábado, 15 de octubre de 2011

Documento sobre delitos sexuales en el terrorismo de Estado

I. INTRODUCCIÓN


A medida que se profundiza el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina va quedando en evidencia el escaso avance registrado respecto de una de las facetas de ese fenómeno criminal: los abusos sexuales.
Ya en la CONADEP y en el juicio a las juntas militares (causa 13/84 de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal) se recibieron testimonios  sobre abusos sexuales cometidos en el marco  del terrorismo de  Estado. Sin embargo, pese a que el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad alcanza en la actualidad un importante desarrollo (1)y a que en los últimos años se han producido numerosos testimonios sobre el tema, los delitos contra la libertad sexual (2) todavía no han sido tratados en los procesos judiciales de un modo acorde con la verdadera dimensión que han tenido en la práctica. Por otra parte, las figuras penales referidas específicamente a esa clase de delitos han sido muy escasamente aplicadas. Debe decirse que la primera y única sentencia en la que se registró una condena por un delito de índole sexual, calificado como tal, se firmó en Mar del Plata el 16 de junio de 2010 (3) Frente a esta realidad se ha intentado identificar cuáles son los aspectos problemáticos que muestra la práctica judicial al momento de tratar los delitos contra la libertad sexual. Para ello se han relevado decisiones de tribunales de todo el país referidas a esta temática y se mantuvieron diversas entrevistas con víctimas de estos crímenes, organizaciones de derechos humanos —algunas de ellas con dedicación específica al tema— y  funcionarios judiciales.(4)

Una de las situaciones problemáticas que se ha podido detectar es que suele calificarse a los abusos sexuales exclusivamente como “tormentos” (5), prescindiendo del empleo de las figuras penales que nuestra legislación prevé específicamente para esas situaciones. De este modo, los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado suelen quedan diluidos –y, de algún modo, invisibilizados– dentro del conjunto de padecimientos sufridos en cautiverio, los que son calificados globalmente como “tormentos” (6)                                                                                                                                                 
Este modo de calificar los hechos impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima del 
abuso sexual; agresión que queda englobada en una descripción típica que no refleja cabalmente todo el contenido de injusto puesto de manifiesto en la acción. En ciertos casos, la falta de calificación de los abusos sexuales conforme  a  las figuras específicas de la legislación nacional parece estar asociada a la idea de que no se darían las condiciones exigidas por el derecho internacional para considerar a los delitos sexuales 
propiamente dichos como  crímenes contra la humanidad. Si bien es claro en el derecho penal  internacional que actos de abuso sexual cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra la población civil” son susceptibles de ser calificados de acuerdo con dicha categoría delictiva, en algunas resoluciones se ha sostenido que para considerar que los abusos sexuales son crímenes contra la humanidad haría falta demostrar que dichos actos han ocurrido de manera generalizada o sistemática. Como se verá luego, esta idea se asienta en una interpretación incorrecta de los requisitos típicos de esa categoría de delitos, dado  que transfiere una exigencia propia del contexto de acción (“ataque generalizado o sistemático”) a cada tipo de delito en particular (homicidio, tortura, violación, etc.). En efecto, lo que la figura requiere es que el ataque contra la población civil sea generalizado o sistemático, lo cual no implica exigir que cada clase de conducta (homicidios, torturas, violaciones, etc.), deba haber sido ella misma generalizada o 
sistemática.



Por otra parte, ciertas dificultades para la persecución de los abusos sexuales (o de su calificación específica como delitos contra la libertad sexual) parecen estar vinculadas a la interpretación y aplicación de las normas referidas al régimen de acción penal dependiente de instancia privada que en nuestro ordenamiento jurídico alcanza a los delitos de índole sexual.
Otro ámbito problemático se refiere a cuestiones de autoría y participación que surgen a partir de la consideración de los abusos sexuales como “delitos de propia mano”, noción que tiene incidencia en la forma de responsabilizar a integrantes de la estructura represiva. Así, mientras que en los casos de homicidios, torturas, privaciones de la libertad y otros delitos se atribuye responsabilidad penal a título de coautoría y autoría mediata, en los delitos de índole sexual se observa, en general, que el ámbito de la autoría se circunscribe a aquellas personas que han realizado físicamente la acción típica. Ello es una consecuencia 
lógica de considerar que se trata de delitos de “propia mano”, premisa que cabe poner en duda.
Finalmente, en la última parte del trabajo se realizarán algunas consideraciones respecto del trato de las víctimas-testigos y de la  valoración de la prueba, teniendo particularmente en cuenta el papel central que asume aquí el testimonio de la víctima y sus posibles repercusiones, tanto sobre su propia persona como sobre el proceso.



II. LOS ABUSOS SEXUALES COMO CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. LA IRRELEVANCIA DE LA SISTEMATICIDAD O GENERALIDAD DE LOS ABUSOS SEXUALES


No existen dudas acerca de que la violación y otras formas de abuso sexual están criminalizadas en el derecho penal internacional desde mediados del siglo pasado.Actos de esta naturaleza estaban incluidos en la categoría de los crímenes contra la humanidad (7) en la Ley n° 10 del Consejo del Control Aliado (8)
y en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional (9) establecido por el Acuerdo de Londres de 1945, instrumentos quesentaron las bases para los juicios por los crímenes del nazismo y sus aliados durante la 
Segunda Guerra Mundial (juicios de las zonas de ocupación del territorio alemán y de Núremberg, respectivamente).
Más cercanamente en el tiempo, la violencia sexual fue objeto de una rica jurisprudencia a partir del trabajo de los  tribunales penales internacionales  para la ex Yugoslavia y para Ruanda (10) Como parte de la cristalización de estos antecedentes y de la evolución del derecho penal internacional, el Estatuto de Roma  de la Corte Penal Internacional  ha distinguido expresamente diversas modalidades de violencia sexual (11).
Puede verse que en el artículo 7, 1,  g del Estatuto se contemplan como actos constitutivos de los crímenes contra la humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otros abusos sexuales de gravedad comparable. Por otro lado, en el documento sobre los “Elementos de los Crímenes” (12) se hace un pormenorizado detalle sobre los requisitos y alcances de cada una de estas conductas a efectos de facilitar su interpretación y aplicación.
Más allá de los desarrollos de los últimos años, es claro que la categoría de los crímenes contra la humanidad comprende desde sus inicios los atentados graves contra la libertad sexual junto al asesinato, la tortura, la privación de la libertad, etcétera sobre los requisitos y alcances de cada una de estas conductas a efectos de facilitar su interpretación y aplicación. (13)
Como ya se adelantó, ciertas decisiones judiciales parecen asumir la idea de que sólo los abusos sexuales generalizados o sistemáticos tendrían la entidad para configurar crímenes contra la humanidad. (14)
Esta idea no es correcta, como se intentará mostrar a continuación    La cuestión radica en establecer cómo distinguir un acto de violencia sexual ordinario (un “delito común”) de uno constitutivo de un crimen contra la humanidad.
Debe decirse al respecto que todo acto ilícito particular susceptible de integrar la categoría de los crímenes contra la humanidad (homicidio, tortura, violación, etc.) (15) resulta efectivamente abarcado por esa figura cuando forma parte de un ataque  generalizado o sistemático contra una población civil (16)
La primera cuestión se refiere al contexto de acción en el que se comete cada crimen en particular. En este sentido, un “ataque generalizado o sistemático” supone la existencia de una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos (ataque) que afecten a un gran número de víctimas (generalizado) o bien que se haya llevado adelante según un plan preconcebido que defina un patrón de conducta que vincule a sus distintos actos (sistemático).
Ahora bien, debe distinguirse, por un lado, la cuestión de cuáles son los requisitos para que exista un “ataque generalizado o sistemático” y, por otro, cómo se determina si un acto en particular (un homicidio, una violación, un tormento) forma parte de ese ataque.


Para leer el documento completo ir a este enlace AQUÍ                                            

martes, 11 de octubre de 2011

Procesamiento de militares y debate sobre imprescriptibilidad en Uruguay


Ubagesner Chaves Sosa.Chaves Sosa: confirman procesamiento de militares

Un Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento de dos militares por el "homicidio político" de Ubagesner Chaves Sosa. Por segunda vez un TAP avala una tipificación prevista en la Ley Nº 18.026. Empero, la Sala no se pronuncia sobre la imprescriptibilidad.

MAURICIO PÉREZ

Ubagesner Chaves Sosa.
Chaves Sosa. Los restos del militante del PCU fueron recuperados en 2005.
Chaves Sosa. Los restos del militante del PCU fueron recuperados en 2005.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 3º Turno confirmó, con el voto unánime de sus integrantes, el procesamiento con prisión de los oficiales de la FAU Uruguay Araujo Umpiérrez y Enrique Rivero, por el "homicidio político" de Ubagesner Chaves Sosa, muerto durante una cruenta sesión de tortura en la Base Aérea Boiso Lanza, en mayo de 1976. La Sala analizó el cúmulo de pruebas incorporadas en el expediente judicial por la muerte de Chaves Sosa y confirmó la imputación de "homicidio político" contra ambos oficiales, promovida en primera instancia por la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, según el fallo judicial al cual accedió LA REPÚBLICA. "En cuanto a la calificación jurídica que se realizó en la impugnada, que es resueltamente atacada por diferentes fundamentos, la Sala (...) habida cuenta de lo provisorio de este pronunciamiento y de consuno con la jurisprudencia mayoritaria, no habrá de ingresar al tópico planteado, por cuanto ya se trate de un 'homicidio político' o de 'un homicidio muy especialmente agravado', la situación procesal de los imputados es la misma, por tanto se reserva la controversia para la etapa oportuna", expresa el fallo firmado por los ministros Eduardo Borges (redactor), Bernardette Minville y Julio Olivera Negrín. En este sentido, la Sala utiliza la calificación de "homicidio político", prevista en el artículo 20 de la Ley Nº 18.026, pero desestima pronunciarse sobre la posible categorización de los delitos como crímenes de lesa humanidad y, por ende, imprescriptibles. "No pasa desapercibido que la cuestión tiene una incidencia fundamental en sede de prescripción, como bien lo hace notar la defensa". Sin embargo, "la Sala al respecto, ya se ha pronunciado en diversas oportunidades, sosteniendo la posición, que es ampliamente mayoritaria en los Tribunales, esto es que el plazo para computar la prescripción comienza a contarse a partir del 1º de marzo de 1985", por cuanto "en el período dictatorial no regían las debidas garantías para la promoción de denuncias como las de autos", al tiempo que resulta aplicable el artículo 123 del Código Penal para elevar en 1/3 el plazo de 20 años, en virtud de la "peligrosidad" de los sujetos implicados.
La posición de la Sala, por más que no se pronuncie en forma explicita sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura, implica un antecedente relevante por cuanto es la segunda ocasión en que un tribunal de alzada aplica un delito previsto en la Ley Nº 18.026.

DATO

* El TAP avaló la tesis de la peligrosidad por cuanto los imputados "perpetraron homicidios cuyas víctimas fueron previamente privadas de su libertad, con la finalidad de darles muerte, por motivaciones políticas, lo que materializó un hecho 'en sí mismo grave'. Si un asunto con estas características no ingresa en la previsión legal, difícilmente se podría pensar en algún otro".

Las responsabilidades

El TAP de 3º Turno consideró la existencia de pruebas suficientes para avalar el inicio de un proceso penal contra los oficiales imputados, "compartiéndose en ese sentido todo lo expuesto por la señora jueza". En este sentido, la Sala estima que Enrique Ribero era un activo partícipe en las torturas en la Base Aérea de Boiso Lanza, al tiempo que Uruguay Araújo Umpiérrez reconoce que estaba "al mando de la unidad de la que dependían jerárquicamente los oficiales que llevaban a cabo los interrogatorios en 'La Perrera'". "Entonces, en principio y con la provisoriedad del caso se considera que se han reunido elementos de convicción suficientes respecto de la comisión del delito de homicidio", señala la Sala.


"TONO" RODRIGUEZ

Identifican restos de ex militante

El equipo de Antropología Forense de Argentina identificó los restos de Félix Antonio Rodríguez Liberto un ex militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU) desaparecido en Buenos Aires en 1976.
Según publicó ayer el semanario del PCU "El Popular", Rodríguez, conocido como "Tono", nació en la cercanía del Aeropuerto de Carrasco y se había exiliado en Buenos Aires, en 1973 luego del golpe de Estado en Uruguay.
De acuerdo a la publicación, Rodríguez fue capturado por el Ejército argentino el 14 de octubre de 1976 en su domicilio donde vivía con su compañera y su hijo pequeño.
El ciudadano uruguayo fue sepultado en el cementerio de La Plata como "NN femenino tras haber sido ejecutado de un tiro en el cráneo.
El viernes 14 de octubre, los restos mortales de Rodríguez serán trasladados desde el local de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) hasta el Panteón de la Memoria del Cementerio Municipal de San Martín.


DEBATE. CONTINUA EN DISCUSION UNA SOLUCION LEGAL A LA PRESCRIPCION

DDHH: Mujica a lo que el FA decida; se apela a la oposición

El FA propondrá a la oposición que respalde ante la Asamblea General una declaración política sobre la condena de la Corte Interamericana de DDHH y apruebe un proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

MARCELO BUSTAMANTE - MAURICIO CAVALLO
A contrarreloj. Brovetto y Miranda volverán a reunirse con la comisión del FA.
A contrarreloj. Brovetto y Miranda volverán a reunirse con la comisión del FA.
A contrarreloj, el FA busca una fórmula para evitar la presunta prescripción de los delitos cometidos en la dictadura. Así también, procura embarcar a todo el sistema político para que la Asamblea General apruebe una declaración fijando posición respecto a que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
En tal sentido el presidente del FA, Jorge Brovetto, se comunicó ayer con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, el secretario general del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, Ope Pasquet, y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, para solicitarles una reunión.
El lunes por la tarde Brovetto, más la senadora Mónica Xavier y los diputados Aníbal Pereyra y Jorge Orrico mantendrán un encuentro con los principales dirigentes del PI.
El martes por la tarde, estos mismos representantes del FA se reunirán con dirigentes colorados en el Palacio Legislativo y más tarde lo harán con los blancos en el Directorio del PN.
En el contacto telefónico, Brovetto no explicitó cuáles son los temas a abordar con la oposición. El senador Luis Alberto Heber confirmó ayer que el encuentro con el FA será a las 18 horas del martes. Por el mismo tema, pero una hora antes, el Directorio blanco recibirá a una delegación del PIT-CNT.
Pablo Mieres indicó que oirán lo que plantee el FA y luego analizarán la propuesta. Sostuvo que si Brovetto plantea presentar en el Parlamento un nuevo proyecto de ley por las prescripciones, es muy probable que el PI no acompañe la iniciativa.
Fuentes que integran la Comisión Especial por la Caducidad del FA afirmaron que en la izquierda se quiere alcanzar una posición en conjunto, para llegar por un lado a una declaración sobre que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Así también se busca la posibilidad de que se presente un proyecto de ley. En la última reunión acordaron que se presentará un proyecto de ley. No obstante, todavía no definieron cual será el texto definitivo que remitan al Parlamento.
La Comisión Especial se volverá a reunir el próximo martes a fin de llegar a una fórmula de consenso. El miércoles, sesionará la Mesa Política del FA para tratar como único punto el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y una declaración política.
Se acordó mayoritariamente la necesidad de legislar para darle una señal a la Corte Interamericana de DDHH y también a los jueces uruguayos.
En tal sentido, el abogado Javier Miranda señaló en la Comisión la necesidad de legislar, ya que los jueces no quieren ser los que interpreten el fallo de la Corte Interamericana.
El jueves de noche, Brovetto visitó al presidente José Mujica para explicitarle los pasos que viene dando el FA respecto al fallo del organismo internacional y a las prescripciones de delitos, a fin de contar con el apoyo del Poder Ejecutivo.
La fuerza política pretende contar primero con el respaldo parlamentario y luego con el del gobierno a la hora de enviar un proyecto de ley. En tal sentido, ayer, en diálogo con LA REPÚBLICA el presidente José Mujica hizo referencia a la propuesta de un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. El mandatario dijo: "Estoy de acuerdo con lo que Jorge Brovetto y Javier Miranda están realizando, y tienen mi parecer.
Estoy a lo que ellos decidan y los apoyo", aseguró al referirse al proyecto de ley por el que se declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
El mandatario aseguró ayer a LA REPÚBLICA que está de acuerdo con la decisión y que ambos tienen su total apoyo.


Fuente: La Republica, sabado

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