Procesaron a ex militares por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca
Lo resolvió el juez federal de esa ciudad Alcindo Alvarez Canale. Se investiga a cinco acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército
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El juez Alcindo Alvarez Canale, a cargo del Juzgado Federal de Bahía Blanca Nº 1, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cinco ex militares, en el marco de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército.
La resolución alcanza a los ex militares Pedro Angel Cáceres, Miguel Angel Chiesa, Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Horacio Rojas y Julio Manuel Santamaría
Están acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia con imposición de tormentos, y homicidio agravado por alevosía.
Fuente: www.cij.gov.ar
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Saber quién es quién
La lista Integración presentó un proyecto para que se den a conocer los nombres de todas aquellas personas que colaboraron con la dictadura y se desempeñaron o desempeñan en la Universidad.
Por otra parte, se pretende que esos datos sirvan para posibles impugnaciones en concursos para ocupar cargos.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) se encuentra en un clima de sensaciones encontradas en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y la condena al Terrorismo de Estado. Por un lado, la institución ofrece sus instalaciones para que allí se realicen los juicios a los represores de la dictadura, a la vez que otorga la reválida docente a la abogada Gloria Girotti, pese a las acusaciones que pesan sobre ella acerca de su complicidad con el régimen militar.
En ese contexto, se presentó una buena iniciativa que tiene que ver con aquella lista que el gobierno nacional dio a conocer con los nombres de los civiles que colaboraron con la dictadura. Esa nómina incluyó a Bahía Blanca y contiene nombres que a la UNS le son familiares. De allí que la lista Integración presentó un proyecto para que se den a conocer todos los datos de quienes actuaron en el Terrorismo de Estado como agentes de Inteligencia y, al mismo tiempo, se desempeñaron o desempeñan en la universidad.
En el proyecto se recuerda y se tiene en cuenta que la UNS fue particularmente castigada por la intervención de Remus Tetu y la dictadura militar lo cual provocó que un buen número de docentes, estudiantes y no docentes fueran cesanteados, encarcelados, obligados al exilio, asesinados o desaparecidos entre los años 1975 y 1982.
De esta manera se pretende tanto la condena social promovida por los organismos de Derechos Humanos contra todos los que actuaron en la represión de la dictadura, como también la difusión de integrantes de la UNS que justamente tuvieron colaboración para con los genocidas.
Dante Patrignani, integrante de la lista Integración, dialogó con EcoDias del tema: “Este proyecto surge a partir del conocimiento de las listas de agentes de Inteligencia durante la dictadura militar. La iniciativa fue de la lista Integración pero terminaron firmando el proyecto varias listas de docentes, estudiantes, no docentes, en algunos casos la totalidad de las listas y en otros algunos asambleistas de forma particular”.
A modo de ejemplo, Néstor Montezanti es uno de los nombres que figura en la lista como asesor universitario. Hoy, Montezanti continúa dictando clases en el Departamento e Derecho de la UNS: “Si bien el proyecto es general, no es particular sobre este caso, apunta a dos cosas. Por un lado, un pronunciamiento político, y la segunda que tiene consecuencias en cuanto a los concursos de docentes y no docentes universitarios donde se declara que esta actividad de colaboración con la dictadura es repudiable desde el punto de vista ético y es causal de impugnación de los concursos de docentes y no docentes”.
ContradiccionesSeñalaba Patrignani que los datos podrían ser causa de posibles impugnaciones a la hora de llamar a concurso para ocupar cargos. Ello está bien detallado en el proyecto donde dice que tal actividad (la colaboracionista) esta reñida con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria quedando comprendida en los causales de impugnación de artículos incluidos en los reglamentos de concurso de profesores, asistentes y ayudantes y también en lo que refiere a las condiciones de conducta del Convenio Colectivo para el Sector No Docente.
Respecto al desarrollo y aceptación del proyecto, Patrignani explicó del trámite que “como es una autoconvocatoria que parte de los propios asambleistas, se necesitan por lo menos 14 firmas para presentarlo. Lo han firmado más de 14, superan los 20. El primer trámite es la propia asamblea, esto fue lo que ocurrió en la última sesión: acepta su tratamiento, le da curso. Esto fue por unanimidad salvo la lista Universidad que se retiró unos minutos antes, el resto de los asambleistas presentes votaron a favor de su tratamiento.
Ahora se ha constituido una Comisión, y como en todos los cuerpos colegiados se trata el tema, se emite despacho y se somete a votación en un plenario. La semana que viene tendremos la primera reunión de comisión y le daremos curso”.
Describe Patrignani a modo de ejemplo, que una colega descubrió en el listado a una persona que era “compañero” de ella y de otros en la época en que se reorganizaban los centros de estudiantes y que incluso participaba de reuniones que se realizaban a tal fin. El “compañero” resultó ser un agente de Inteligencia: “Suponemos que debe haber muchos más en esa condición que tal vez no estén en la Universidad, pero que sería bueno para el ejercicio de la memoria colectiva que esos nombres se den a conocer. Por eso una de las partes del proyecto de resolución es que la Universidad, apelando a sus archivos, dé a conocer a toda la comunidad universitaria quiénes de ese listado oficial de agentes de Inteligencia son o han sido parte de la comunidad universitaria”. Y destaca: “Esto tal vez tenga un valor solamente simbólico, pero además creo que contribuye a esto porque imagínate la sorpresa de estar leyendo un listado sobre un tipo de los servicios de Inteligencia reuniéndose con vos cuando vos estabas organizando los centros de estudiantes por ejemplo. En ese sentido tiene ese valor”.
En contrapartida, decíamos, en la UNS se revalidó como docente a Gloria Girotti quien está comprometida con violaciones a los derechos humanos. Patrignani explicó que este caso no está incluido en el proyecto pero que se podría plantear sin ningún inconveniente: “El proyecto es puntualmente sobre el listado de los agentes de Inteligencia. Las acusaciones que pesan, que a mi criterio están probadas porque me alcanza con lo que testimonia la gente que estuvo detenida y torturada en La Escuelita, son inclusive más graves que esto”.
Considera Patrignani que la única argumentación de la cual se sirvieron los votantes a la hora de volver a designar a Girotti es el beneficio de la duda, es decir el hecho de que la Justicia no probó todavía la complicidad de la abogada con la dictadura. En el caso de la lista de agentes de Inteligencia, la situación es diferente: “Ya el listado es una prueba de la colaboración con la dictadura, en mi criterio, y por lo tanto ese argumento no puede ser utilizado por aquellos que quieran defender a estos personajes”.
Acerca de la sensación que se llevó luego de lo ocurrido con Girotti, expresó: “La sensación en el momento de la votación es que obviamente uno siente que cuesta mucho lograr estos actos de justicia, la primera reacción es como desmoralizante pero después de eso uno sabe que lo que tiene que hacer es seguir insistiendo en esto permanentemente. Es una contradicción muy seria que la universidad por un lado ofrezca su lugar para hacer los juicios y por otro lado designa a esta persona”.
Sin embargo, no es la única contradicción en la que cae la UNS: “Creo que la Universidad pensaba entregarle el doctorado honoris causa a Estela de Carlotto. Entonces es inentendible cómo se muestra una posición de defensa de los Derechos Humanos y reconocimiento a un luchador, y por otro lado se designa o se vuelve a designar en el cargo a una persona comprometida con la violación de esos mismos derechos”.
Autor: Redacción EcoDiasPor otra parte, se pretende que esos datos sirvan para posibles impugnaciones en concursos para ocupar cargos.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) se encuentra en un clima de sensaciones encontradas en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y la condena al Terrorismo de Estado. Por un lado, la institución ofrece sus instalaciones para que allí se realicen los juicios a los represores de la dictadura, a la vez que otorga la reválida docente a la abogada Gloria Girotti, pese a las acusaciones que pesan sobre ella acerca de su complicidad con el régimen militar.
En ese contexto, se presentó una buena iniciativa que tiene que ver con aquella lista que el gobierno nacional dio a conocer con los nombres de los civiles que colaboraron con la dictadura. Esa nómina incluyó a Bahía Blanca y contiene nombres que a la UNS le son familiares. De allí que la lista Integración presentó un proyecto para que se den a conocer todos los datos de quienes actuaron en el Terrorismo de Estado como agentes de Inteligencia y, al mismo tiempo, se desempeñaron o desempeñan en la universidad.
En el proyecto se recuerda y se tiene en cuenta que la UNS fue particularmente castigada por la intervención de Remus Tetu y la dictadura militar lo cual provocó que un buen número de docentes, estudiantes y no docentes fueran cesanteados, encarcelados, obligados al exilio, asesinados o desaparecidos entre los años 1975 y 1982.
De esta manera se pretende tanto la condena social promovida por los organismos de Derechos Humanos contra todos los que actuaron en la represión de la dictadura, como también la difusión de integrantes de la UNS que justamente tuvieron colaboración para con los genocidas.
Dante Patrignani, integrante de la lista Integración, dialogó con EcoDias del tema: “Este proyecto surge a partir del conocimiento de las listas de agentes de Inteligencia durante la dictadura militar. La iniciativa fue de la lista Integración pero terminaron firmando el proyecto varias listas de docentes, estudiantes, no docentes, en algunos casos la totalidad de las listas y en otros algunos asambleistas de forma particular”.
A modo de ejemplo, Néstor Montezanti es uno de los nombres que figura en la lista como asesor universitario. Hoy, Montezanti continúa dictando clases en el Departamento e Derecho de la UNS: “Si bien el proyecto es general, no es particular sobre este caso, apunta a dos cosas. Por un lado, un pronunciamiento político, y la segunda que tiene consecuencias en cuanto a los concursos de docentes y no docentes universitarios donde se declara que esta actividad de colaboración con la dictadura es repudiable desde el punto de vista ético y es causal de impugnación de los concursos de docentes y no docentes”.
ContradiccionesSeñalaba Patrignani que los datos podrían ser causa de posibles impugnaciones a la hora de llamar a concurso para ocupar cargos. Ello está bien detallado en el proyecto donde dice que tal actividad (la colaboracionista) esta reñida con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria quedando comprendida en los causales de impugnación de artículos incluidos en los reglamentos de concurso de profesores, asistentes y ayudantes y también en lo que refiere a las condiciones de conducta del Convenio Colectivo para el Sector No Docente.
Respecto al desarrollo y aceptación del proyecto, Patrignani explicó del trámite que “como es una autoconvocatoria que parte de los propios asambleistas, se necesitan por lo menos 14 firmas para presentarlo. Lo han firmado más de 14, superan los 20. El primer trámite es la propia asamblea, esto fue lo que ocurrió en la última sesión: acepta su tratamiento, le da curso. Esto fue por unanimidad salvo la lista Universidad que se retiró unos minutos antes, el resto de los asambleistas presentes votaron a favor de su tratamiento.
Ahora se ha constituido una Comisión, y como en todos los cuerpos colegiados se trata el tema, se emite despacho y se somete a votación en un plenario. La semana que viene tendremos la primera reunión de comisión y le daremos curso”.
Describe Patrignani a modo de ejemplo, que una colega descubrió en el listado a una persona que era “compañero” de ella y de otros en la época en que se reorganizaban los centros de estudiantes y que incluso participaba de reuniones que se realizaban a tal fin. El “compañero” resultó ser un agente de Inteligencia: “Suponemos que debe haber muchos más en esa condición que tal vez no estén en la Universidad, pero que sería bueno para el ejercicio de la memoria colectiva que esos nombres se den a conocer. Por eso una de las partes del proyecto de resolución es que la Universidad, apelando a sus archivos, dé a conocer a toda la comunidad universitaria quiénes de ese listado oficial de agentes de Inteligencia son o han sido parte de la comunidad universitaria”. Y destaca: “Esto tal vez tenga un valor solamente simbólico, pero además creo que contribuye a esto porque imagínate la sorpresa de estar leyendo un listado sobre un tipo de los servicios de Inteligencia reuniéndose con vos cuando vos estabas organizando los centros de estudiantes por ejemplo. En ese sentido tiene ese valor”.
En contrapartida, decíamos, en la UNS se revalidó como docente a Gloria Girotti quien está comprometida con violaciones a los derechos humanos. Patrignani explicó que este caso no está incluido en el proyecto pero que se podría plantear sin ningún inconveniente: “El proyecto es puntualmente sobre el listado de los agentes de Inteligencia. Las acusaciones que pesan, que a mi criterio están probadas porque me alcanza con lo que testimonia la gente que estuvo detenida y torturada en La Escuelita, son inclusive más graves que esto”.
Considera Patrignani que la única argumentación de la cual se sirvieron los votantes a la hora de volver a designar a Girotti es el beneficio de la duda, es decir el hecho de que la Justicia no probó todavía la complicidad de la abogada con la dictadura. En el caso de la lista de agentes de Inteligencia, la situación es diferente: “Ya el listado es una prueba de la colaboración con la dictadura, en mi criterio, y por lo tanto ese argumento no puede ser utilizado por aquellos que quieran defender a estos personajes”.
Acerca de la sensación que se llevó luego de lo ocurrido con Girotti, expresó: “La sensación en el momento de la votación es que obviamente uno siente que cuesta mucho lograr estos actos de justicia, la primera reacción es como desmoralizante pero después de eso uno sabe que lo que tiene que hacer es seguir insistiendo en esto permanentemente. Es una contradicción muy seria que la universidad por un lado ofrezca su lugar para hacer los juicios y por otro lado designa a esta persona”.
Sin embargo, no es la única contradicción en la que cae la UNS: “Creo que la Universidad pensaba entregarle el doctorado honoris causa a Estela de Carlotto. Entonces es inentendible cómo se muestra una posición de defensa de los Derechos Humanos y reconocimiento a un luchador, y por otro lado se designa o se vuelve a designar en el cargo a una persona comprometida con la violación de esos mismos derechos”.
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Fecha: Sábado, 28 Mayo, 2011 - 14:56
Vergüenza
Por mayoría, el CSU decidió hacer lugar a la continuidad de la abogada Gloria Girotti en un cargo docente del Departamento de Derecho de la UNS. Está acusada de participar de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la última dictadura militar, cuando era secretaria del Juzgado Federal 1 a cargo de Guillermo Madueño.
Tras una discusión que se extendió por más de dos horas, el Consejo Superior Universitario (CSU) sometió a la consideración de sus miembros los dos dictámenes en torno a la continuidad de la abogada Gloria Girotti en un cargo docente con dedicación simple en la cátedra de Derecho en los Contratos, que se dicta en el marco de la carrera de abogacía que
Tras una discusión que se extendió por más de dos horas, el Consejo Superior Universitario (CSU) sometió a la consideración de sus miembros los dos dictámenes en torno a la continuidad de la abogada Gloria Girotti en un cargo docente con dedicación simple en la cátedra de Derecho en los Contratos, que se dicta en el marco de la carrera de abogacía que
ofrece la Universidad Nacional del Sur (UNS).
La votación tuvo un resultado reñido: con veintiocho consejeros presentes, quince de ellos optaron por revalidar el cargo para Girotti, sin hacer consideraciones sobre su idoneidad moral, ampliamente cuestionada por los doce miembros del CSU que se expresaron por el “no”. Al finalizar la compulsa, miembros de organizaciones de Derechos Humanos, de partidos políticos y de la comunidad que se acercó al recinto, hicieron sentir su bronca ante la decisión mayoritaria, que no tuvo en cuenta la abrumadora evidencia en contra de la abogada en cuestión.
Breve historia de la historiaLos lectores de EcoDias están familiarizados con el historial que registran Gloria Girotti y su colega Hugo Mario Sierra, también docente de la UNS. Durante la segunda mitad de los años '70, ambos fueron secretarios del Juzgado Federal 1 entonces a cargo de Guillermo Federico Madueño, quien fue procesado por su participación en la maquinaria de terror, secuestro y tormento que ancló en nuestra región en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El ex juez falleció impune en agosto de 2010.
La primera objeción a la reválida de Girotti al frente de la materia en cuestión se presentó en el recinto del CSU la noche del 15 de diciembre de 2010, cuando debía decidirse si hacer lugar a la decisión del Departamento de Derecho, que daba luz verde a la reválida, o se considerarían los elementos planteados por la oposición.
Éstos se vinculaban con la probada participación de Girotti en hechos que configuran crímenes de lesa humanidad, en dos líneas fundamentales: acción y omisión.
Siete días más tarde, los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño elevaron al juez de primera instancia Alcindo Álvarez Canale un pedido de detención e indagatoria hacia Sierra y Girotti, además de solicitar el allanamiento de sus estudios jurídicos y domicilios particulares. La solicitud tenía como fundamento la abundante prueba documental y testimonial contra los letrados, cuyos casos son prácticamente iguales. A Girotti, puntualmente, se le imputó desde archivar sin más investigación las denuncias por desapariciones y secuestros hasta el hostigamiento posterior a familiares y víctimas. Pero la acusación más grave es la de haber participado en interrogatorios bajo tortura a personas ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “La Escuelita”, que funcionaba en dependencias del V Cuerpo de Ejército.
Con inusitada celeridad -había demorado dos años y medio en expedirse sobre la responsabilidad del ex juez Madueño-, el juez vitalicio Álvarez Canale decidió en una semana no hacer lugar al pedido de la Fiscalía, que apeló a la Cámara Federal de nuestra ciudad.
Incongruencias variasTodavía no se había expedido la mencionada instancia de Apelaciones, cuando la comisión de Enseñanza del CSU elaboró un dictamen respaldado por una decena de firmas, en que consideraba como única fundamentación que “no existen razones legales” para negar a Girotti el acceso a la reválida en el cargo.
El dictamen fue firmado el 2 de marzo, pero permaneció oculto hasta que la Cámara Federal falló en contra del recurso interpuesto por el fiscal Abel Córdoba. Como firmantes del documento aparecen los mismos magistrados que dejaron en libertad a treinta y seis represores, acusados de violaciones a los derechos humanos y que, en muchos casos, registraron en su momento carácter de prófugos. Vicepresidente de la Cámara es Néstor Montezanti, quien prestó servicios como “asesor universitario” del Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura militar; uno de los preciados buchones de la peor época vivida por los argentinos.
Por su parte, el dictamen del asesor letrado en que se basa el expediente es anterior incluso a esa fecha, ya que está concluido el 28 de febrero de este año.
Razones para el “no”Esta incongruencia de fechas, que aseguraba que no existían razones legales en contra de Girotti cuando aún la Cámara no había dejado firme el fallo de primera instancia, fue el primer argumento esgrimido por quienes se oponían a la designación de la letrada al frente del cargo docente. En el debate, ni el secretario del CSU Diego Duprat ni el decano de Derecho Andrés Bouzat pudieron explicar esta clara contradicción del dictamen por el “sí”, elaborado por las comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento y respaldado por una docena de firmas.
Casi cuarenta considerandos más configuraban el corpus argumental del “no”. Los más importantes estaban vinculados a los hechos que los fiscales Castaño y Córdoba consideraron probados, y se han enumerado anteriormente en esta misma nota.
Además, había razones de índole moral e institucional. Por caso, el texto recordaba la incongruencia como la que la designación de la letrada marcaría, ya que “resulta evidente que a través de varias resoluciones de sus órganos de gobierno y de actos públicos, la UNS ha honrado y honra la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y que se ha manifestado claramente a favor de mantener una memoria activa que impida el olvido de los hechos dramáticos vividos en el país en los años ‘70 y ‘80”.
Por otra parte, entendía que la actuación de Girotti en el Poder Judicial durante la última dictadura cívico militar “no condice con los objetivos fijados en el Art. 2º del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur como tampoco con los preceptos referidos a la formación democrática de los alumnos y a las condiciones morales de los docentes, establecidos en normas tales como el Estatuto Docente, la Ley 26.206 (de Educación Nacional) y la Ley 24.521 (de Educación Superior)”.
“Una funcionaria que al tiempo en que se violaban sistemáticamente los derechos humanos demostró connivencia, o por lo menos tolerancia con los responsables de dichos crímenes, contraría el fortalecimiento de un Estado de Derecho y determina carencia de autoridad moral para inculcar en los alumnos, y en particular en los futuros abogados, los valores establecidos en el Estatuto de la Universidad Nacional del Sur”, añadía el dictamen, defendido en el recinto por los consejeros Telma Alonso (Integración), Adriana Rodríguez (decana del Departamento de Humanidades), Romualdo Vera, Roberto Cimatti (ambos de la no docente lista Azul) y Cristian Kreber (MNR Desafíos).
Por último, los consejeros firmantes remarcaron que “no se conoce que la abogada Girotti con posterioridad a su paso por la esfera judicial haya colaborado en las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca ya que por su cercanía con los hechos debe contar con información valiosísima”.
Apologías y rechazosApelando a los derechos adquiridos por Gloria Girotti en un llamado a reválida ya avalado por el Departamento de Derecho y sosteniendo que la mencionada letrada aún no ha sido condenada por el Poder Judicial, los docentes titulares y auxiliares de las listas Blanca, Universidad, Línea Phi y Auxiliares del Sur y la mayoría de los decanos dieron luz verde a la continuidad de la ex secretaria de Guillermo Madueño.
Mediante la introducción en el debate de tecnicismos, los abogados Bouzat, Lombardi, Carlaván y Arruiz defendieron a su colega Girotti, al igual que la ex candidata a rectora Andrea Castellano. Mientras el primero de los nombrados justificó la designación en el postulado de que el concurso no había sido invalidado en primera instancia, los restantes se centraron en un supuesto garantismo que por un lado enarbolaba como bandera la decisión de los estrados de primera instancia y Apelaciones y, por otro, solicitaba seguir un “debido proceso”, que implicaría un “juicio académico” a la letrada cuestionada, a fin de “darle las posibilidades de defensa que no tuvieron las víctimas” del terrorismo de Estado, según la consejera Carlaván.
En inverso sentido se expresaron los consejeros que anticiparon su voto negativo a la designación a Girotti. La bioquímica Telma Alonso, por caso, explicó que la abogada logró permanecer hasta ahora en el plantel docente sin cuestionamientos por su accionar en la década del ’70 a raíz de que, hasta hace algún tiempo atrás, los expedientes del CSU no consignaban los nombres de los concursantes.
Por su parte, la decana del Departamento de Humanidades Adriana Rodríguez agregó a las fundamentaciones considerandos basados en tratados internacionales en la temática de derechos humanos y garantías, aplicables a casos como el tratado.
Los nombres, los rostrosEstos son los nombres y la filiación política de los consejeros que votaron por la afirmativa para la consulta de secretaría que resumió la cuestión en “sí” para la continuidad de la abogada y “no” para la interrupción de su ejercicio docente con dedicación simple en la cátedra Derecho en los Contratos:
Guillermo Lucanera (Lista Blanca)
César Lombardi (Lista Blanca)
Gastón Milanesi (Lista Blanca)
Andrea Castellano (Línea Phi)
Sebastián Arruiz (Auxiliares en Línea Phi)
Diego Martínez (Línea Phi)
Miguel Ángel Cantamutto (Lista Universidad)
Adriana Lista (Universidad)
Valeria Scherger (Auxiliares en Phi)
Paula Carlaván (Auxiliares del Sur)
Andrés Bouzat (Decano del Departamento de Derecho, Línea Phi)
Pedro Doñate (Decano del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, Línea Phi)
Liliana Castro (Decana del Departamento de Matemática, Lista Blanca).
María Susana Rodríguez (Decana del Departamento de Química, Lista Universidad).
Miguel Lliteras (Decano del Departamento de Ciencias de la Salud, Lista Blanca).
Cuando el último de los votos fue expresado -se mocionó para que la decisión fuera nominal-, y el secretario del CSU Diego Duprat realizó el escrutinio, el resultado arrojado fue de quince en pro de la extensión por siete años del cargo para Girotti y doce por la negativa. El decano Sabbatini se abstuvo.
Entre recriminaciones a los consejeros que realizaron el alegato de la ex secretaria de Madueño -Castellano, Lombardi y Carlaván fueron los más cuestionados- las decenas de personas que se congregaron en la puerta de la sala, sita en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80 comenzaron a corear consignas tales como “Consejo, basura, vos sos la dictadura”, mientras un asistente advertía “a los del ‘sí’: “Ustedes serán los responsables por la muerte de nuestros compañeros”. El rector Crapiste, que en declaraciones posteriores a medios televisivos pareció no entender que la continuidad de Girotti significase peligrosa en la formación de los futuros letrados, entendió que los cánticos del público configuraban “amenazas e insultos” a los consejeros. “No mientas: no hubo amenazas. Estás diciendo eso para que quede en actas, pero es mentira”, le respondieron los asistentes.
No tiene excusaEl consejero de la Lista Blanca César Lombardi apoyó la reválida a Gloria Girotti e incluso alegó en favor de la continuidad de la letrada.
Sin embargo, todo indica que no debió hacerlo: el propio Lombardi resultó uno de los firmantes del acta emanada del Departamento de Derecho y como jurado en la reválida de la abogada aconsejó al CSU el visto bueno para refrendar el trámite.
De acuerdo a esta interpretación, el mencionado consejero debiera haberse excusado de emitir voto en torno a las objeciones presentadas, ya que resultaba impensable que votase en contra de lo que él mismo recomendaba.
El artículo 58 del reglamento del cuerpo establece que podría pedirse la recusación del consejero e incluso podría caberle la destitución de su banca, decisión que, en tal caso, quedaría en manos de la Asamblea Universitaria (AU).
Textualmente, el texto marca que “será causal de destitución no excusarse un Consejero debiendo hacerlo, o no recusar a un consejero conociendo la causal que lo afectare”.
Unánime por allíAsí como, salvo tres excepciones en el global, el sector docente y los decanos votaron por la afirmativa, es dable destacar que el conjunto de los consejeros estudiantiles se pronunciaron por el rechazo a la reválida de Girotti.
En bloque, los estudiantes de las listas Unidad, MNR Desafíos, Generación, Sur y Grupo Académico respondieron con un taxativo “no” a la consulta formulada desde la secretaría del cuerpo en el voto nominal pronunciado.
Extraño es el caso de la lista Sur, cuya consejera Nora Piatti acompañó la postura de su claustro. Un compañero suyo, Marcelo de Dios, resultaba firmante del dictamen que desde el 2 de marzo aconsejaba confirmar en su cargo a la abogada Girotti.
Los no docentes, tambiénA la voz de Roberto Cimatti y Romualdo Vera, los trabajadores no docentes sumaron el repudio que su sindicato SiTUNS expresó en un comunicado emitido pocas horas después de la votación que tuvo lugar en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80.
“Este nombramiento contradice los valores estatutarios que establecen como fin de la universidad ‘el respeto por las normas e instituciones de la Constitución Nacional’ dado que Gloria Girotti carece de autoridad moral para inculcar estos valores en los alumnos que egresarán como abogados”, considera el documento.
Y agrega: “Toda la sociedad se debe una autocrítica profunda respecto a la complicidad civil y de los funcionarios judiciales con la dictadura militar y, en este sentido, la Universidad debe asumir un verdadero compromiso con la Memoria y la Defensa del Estado de Derecho”.
La votación tuvo un resultado reñido: con veintiocho consejeros presentes, quince de ellos optaron por revalidar el cargo para Girotti, sin hacer consideraciones sobre su idoneidad moral, ampliamente cuestionada por los doce miembros del CSU que se expresaron por el “no”. Al finalizar la compulsa, miembros de organizaciones de Derechos Humanos, de partidos políticos y de la comunidad que se acercó al recinto, hicieron sentir su bronca ante la decisión mayoritaria, que no tuvo en cuenta la abrumadora evidencia en contra de la abogada en cuestión.
Breve historia de la historiaLos lectores de EcoDias están familiarizados con el historial que registran Gloria Girotti y su colega Hugo Mario Sierra, también docente de la UNS. Durante la segunda mitad de los años '70, ambos fueron secretarios del Juzgado Federal 1 entonces a cargo de Guillermo Federico Madueño, quien fue procesado por su participación en la maquinaria de terror, secuestro y tormento que ancló en nuestra región en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El ex juez falleció impune en agosto de 2010.
La primera objeción a la reválida de Girotti al frente de la materia en cuestión se presentó en el recinto del CSU la noche del 15 de diciembre de 2010, cuando debía decidirse si hacer lugar a la decisión del Departamento de Derecho, que daba luz verde a la reválida, o se considerarían los elementos planteados por la oposición.
Éstos se vinculaban con la probada participación de Girotti en hechos que configuran crímenes de lesa humanidad, en dos líneas fundamentales: acción y omisión.
Siete días más tarde, los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño elevaron al juez de primera instancia Alcindo Álvarez Canale un pedido de detención e indagatoria hacia Sierra y Girotti, además de solicitar el allanamiento de sus estudios jurídicos y domicilios particulares. La solicitud tenía como fundamento la abundante prueba documental y testimonial contra los letrados, cuyos casos son prácticamente iguales. A Girotti, puntualmente, se le imputó desde archivar sin más investigación las denuncias por desapariciones y secuestros hasta el hostigamiento posterior a familiares y víctimas. Pero la acusación más grave es la de haber participado en interrogatorios bajo tortura a personas ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “La Escuelita”, que funcionaba en dependencias del V Cuerpo de Ejército.
Con inusitada celeridad -había demorado dos años y medio en expedirse sobre la responsabilidad del ex juez Madueño-, el juez vitalicio Álvarez Canale decidió en una semana no hacer lugar al pedido de la Fiscalía, que apeló a la Cámara Federal de nuestra ciudad.
Incongruencias variasTodavía no se había expedido la mencionada instancia de Apelaciones, cuando la comisión de Enseñanza del CSU elaboró un dictamen respaldado por una decena de firmas, en que consideraba como única fundamentación que “no existen razones legales” para negar a Girotti el acceso a la reválida en el cargo.
El dictamen fue firmado el 2 de marzo, pero permaneció oculto hasta que la Cámara Federal falló en contra del recurso interpuesto por el fiscal Abel Córdoba. Como firmantes del documento aparecen los mismos magistrados que dejaron en libertad a treinta y seis represores, acusados de violaciones a los derechos humanos y que, en muchos casos, registraron en su momento carácter de prófugos. Vicepresidente de la Cámara es Néstor Montezanti, quien prestó servicios como “asesor universitario” del Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura militar; uno de los preciados buchones de la peor época vivida por los argentinos.
Por su parte, el dictamen del asesor letrado en que se basa el expediente es anterior incluso a esa fecha, ya que está concluido el 28 de febrero de este año.
Razones para el “no”Esta incongruencia de fechas, que aseguraba que no existían razones legales en contra de Girotti cuando aún la Cámara no había dejado firme el fallo de primera instancia, fue el primer argumento esgrimido por quienes se oponían a la designación de la letrada al frente del cargo docente. En el debate, ni el secretario del CSU Diego Duprat ni el decano de Derecho Andrés Bouzat pudieron explicar esta clara contradicción del dictamen por el “sí”, elaborado por las comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento y respaldado por una docena de firmas.
Casi cuarenta considerandos más configuraban el corpus argumental del “no”. Los más importantes estaban vinculados a los hechos que los fiscales Castaño y Córdoba consideraron probados, y se han enumerado anteriormente en esta misma nota.
Además, había razones de índole moral e institucional. Por caso, el texto recordaba la incongruencia como la que la designación de la letrada marcaría, ya que “resulta evidente que a través de varias resoluciones de sus órganos de gobierno y de actos públicos, la UNS ha honrado y honra la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y que se ha manifestado claramente a favor de mantener una memoria activa que impida el olvido de los hechos dramáticos vividos en el país en los años ‘70 y ‘80”.
Por otra parte, entendía que la actuación de Girotti en el Poder Judicial durante la última dictadura cívico militar “no condice con los objetivos fijados en el Art. 2º del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur como tampoco con los preceptos referidos a la formación democrática de los alumnos y a las condiciones morales de los docentes, establecidos en normas tales como el Estatuto Docente, la Ley 26.206 (de Educación Nacional) y la Ley 24.521 (de Educación Superior)”.
“Una funcionaria que al tiempo en que se violaban sistemáticamente los derechos humanos demostró connivencia, o por lo menos tolerancia con los responsables de dichos crímenes, contraría el fortalecimiento de un Estado de Derecho y determina carencia de autoridad moral para inculcar en los alumnos, y en particular en los futuros abogados, los valores establecidos en el Estatuto de la Universidad Nacional del Sur”, añadía el dictamen, defendido en el recinto por los consejeros Telma Alonso (Integración), Adriana Rodríguez (decana del Departamento de Humanidades), Romualdo Vera, Roberto Cimatti (ambos de la no docente lista Azul) y Cristian Kreber (MNR Desafíos).
Por último, los consejeros firmantes remarcaron que “no se conoce que la abogada Girotti con posterioridad a su paso por la esfera judicial haya colaborado en las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca ya que por su cercanía con los hechos debe contar con información valiosísima”.
Apologías y rechazosApelando a los derechos adquiridos por Gloria Girotti en un llamado a reválida ya avalado por el Departamento de Derecho y sosteniendo que la mencionada letrada aún no ha sido condenada por el Poder Judicial, los docentes titulares y auxiliares de las listas Blanca, Universidad, Línea Phi y Auxiliares del Sur y la mayoría de los decanos dieron luz verde a la continuidad de la ex secretaria de Guillermo Madueño.
Mediante la introducción en el debate de tecnicismos, los abogados Bouzat, Lombardi, Carlaván y Arruiz defendieron a su colega Girotti, al igual que la ex candidata a rectora Andrea Castellano. Mientras el primero de los nombrados justificó la designación en el postulado de que el concurso no había sido invalidado en primera instancia, los restantes se centraron en un supuesto garantismo que por un lado enarbolaba como bandera la decisión de los estrados de primera instancia y Apelaciones y, por otro, solicitaba seguir un “debido proceso”, que implicaría un “juicio académico” a la letrada cuestionada, a fin de “darle las posibilidades de defensa que no tuvieron las víctimas” del terrorismo de Estado, según la consejera Carlaván.
En inverso sentido se expresaron los consejeros que anticiparon su voto negativo a la designación a Girotti. La bioquímica Telma Alonso, por caso, explicó que la abogada logró permanecer hasta ahora en el plantel docente sin cuestionamientos por su accionar en la década del ’70 a raíz de que, hasta hace algún tiempo atrás, los expedientes del CSU no consignaban los nombres de los concursantes.
Por su parte, la decana del Departamento de Humanidades Adriana Rodríguez agregó a las fundamentaciones considerandos basados en tratados internacionales en la temática de derechos humanos y garantías, aplicables a casos como el tratado.
Los nombres, los rostrosEstos son los nombres y la filiación política de los consejeros que votaron por la afirmativa para la consulta de secretaría que resumió la cuestión en “sí” para la continuidad de la abogada y “no” para la interrupción de su ejercicio docente con dedicación simple en la cátedra Derecho en los Contratos:
Guillermo Lucanera (Lista Blanca)
César Lombardi (Lista Blanca)
Gastón Milanesi (Lista Blanca)
Andrea Castellano (Línea Phi)
Sebastián Arruiz (Auxiliares en Línea Phi)
Diego Martínez (Línea Phi)
Miguel Ángel Cantamutto (Lista Universidad)
Adriana Lista (Universidad)
Valeria Scherger (Auxiliares en Phi)
Paula Carlaván (Auxiliares del Sur)
Andrés Bouzat (Decano del Departamento de Derecho, Línea Phi)
Pedro Doñate (Decano del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, Línea Phi)
Liliana Castro (Decana del Departamento de Matemática, Lista Blanca).
María Susana Rodríguez (Decana del Departamento de Química, Lista Universidad).
Miguel Lliteras (Decano del Departamento de Ciencias de la Salud, Lista Blanca).
Cuando el último de los votos fue expresado -se mocionó para que la decisión fuera nominal-, y el secretario del CSU Diego Duprat realizó el escrutinio, el resultado arrojado fue de quince en pro de la extensión por siete años del cargo para Girotti y doce por la negativa. El decano Sabbatini se abstuvo.
Entre recriminaciones a los consejeros que realizaron el alegato de la ex secretaria de Madueño -Castellano, Lombardi y Carlaván fueron los más cuestionados- las decenas de personas que se congregaron en la puerta de la sala, sita en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80 comenzaron a corear consignas tales como “Consejo, basura, vos sos la dictadura”, mientras un asistente advertía “a los del ‘sí’: “Ustedes serán los responsables por la muerte de nuestros compañeros”. El rector Crapiste, que en declaraciones posteriores a medios televisivos pareció no entender que la continuidad de Girotti significase peligrosa en la formación de los futuros letrados, entendió que los cánticos del público configuraban “amenazas e insultos” a los consejeros. “No mientas: no hubo amenazas. Estás diciendo eso para que quede en actas, pero es mentira”, le respondieron los asistentes.
No tiene excusaEl consejero de la Lista Blanca César Lombardi apoyó la reválida a Gloria Girotti e incluso alegó en favor de la continuidad de la letrada.
Sin embargo, todo indica que no debió hacerlo: el propio Lombardi resultó uno de los firmantes del acta emanada del Departamento de Derecho y como jurado en la reválida de la abogada aconsejó al CSU el visto bueno para refrendar el trámite.
De acuerdo a esta interpretación, el mencionado consejero debiera haberse excusado de emitir voto en torno a las objeciones presentadas, ya que resultaba impensable que votase en contra de lo que él mismo recomendaba.
El artículo 58 del reglamento del cuerpo establece que podría pedirse la recusación del consejero e incluso podría caberle la destitución de su banca, decisión que, en tal caso, quedaría en manos de la Asamblea Universitaria (AU).
Textualmente, el texto marca que “será causal de destitución no excusarse un Consejero debiendo hacerlo, o no recusar a un consejero conociendo la causal que lo afectare”.
Unánime por allíAsí como, salvo tres excepciones en el global, el sector docente y los decanos votaron por la afirmativa, es dable destacar que el conjunto de los consejeros estudiantiles se pronunciaron por el rechazo a la reválida de Girotti.
En bloque, los estudiantes de las listas Unidad, MNR Desafíos, Generación, Sur y Grupo Académico respondieron con un taxativo “no” a la consulta formulada desde la secretaría del cuerpo en el voto nominal pronunciado.
Extraño es el caso de la lista Sur, cuya consejera Nora Piatti acompañó la postura de su claustro. Un compañero suyo, Marcelo de Dios, resultaba firmante del dictamen que desde el 2 de marzo aconsejaba confirmar en su cargo a la abogada Girotti.
Los no docentes, tambiénA la voz de Roberto Cimatti y Romualdo Vera, los trabajadores no docentes sumaron el repudio que su sindicato SiTUNS expresó en un comunicado emitido pocas horas después de la votación que tuvo lugar en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80.
“Este nombramiento contradice los valores estatutarios que establecen como fin de la universidad ‘el respeto por las normas e instituciones de la Constitución Nacional’ dado que Gloria Girotti carece de autoridad moral para inculcar estos valores en los alumnos que egresarán como abogados”, considera el documento.
Y agrega: “Toda la sociedad se debe una autocrítica profunda respecto a la complicidad civil y de los funcionarios judiciales con la dictadura militar y, en este sentido, la Universidad debe asumir un verdadero compromiso con la Memoria y la Defensa del Estado de Derecho”.
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