Archivo Nacional de la Memoria

NUEVA PÁGINA WEB DEL ANM La Dirección de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) pondrá en funcionamiento a partir del 25 de mayo, en coincidencia con el Bicentenario, la página web www.prensaanm.com.ar. El objetivo de esta nueva herramienta de comunicación es concentrar las noticias más importantes publicadas en medios de comunicación de todo el país sobre el ámbito de los Derechos Humanos, la información de las actividades del ANM y, a su vez, difundir las políticas públicas desarrolladas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hasta el 25 de mayo el sitio funcionará a modo de prueba y por esa razón invitamos a todos los funcionarios y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos a visitarlo y hacernos llegar sus sugerencias a la dirección de correo electrónico: prensaanm@prensaanm.com.ar.  Desde ya, agradecemos su colaboración en la difusión. Saluda atte. Marcelo Duhalde Director Prensa y Comunicación Archivo Nacional de la Memoria Av. Del Libertardor 8151-C.A.B.A (011)4702-1155

10 Motivos para No bajar la edad edad de Punibilidad a los 14 años en Argentina.

PORQUE SERÍA REGRESIVO: En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos rige el principio de no regresividad y de progresividad: está prohibido regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho, y solo se puede avanzar en dicha cobertura. El Código Penal sancionado en 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Durante el gobierno peronista, en 1954, se estableció en 16 años, en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). La Dictadura, en una de sus primeras medidas (Decreto Ley 21.338), derogó parcialmente esa norma, y fijó la edad de punibilidad en 14 años, decisión que mantuvo en el Régimen Penal de la Minoridad, creado en 1980 (Decreto Ley 22.278). En mayo de 1983, meses antes de la recuperación de la democracia, la edad de punibilidad volvió a establecerse en los 16 años. Regresar a la edad establecida por la Dictadura no parece una medida dirigida a la mejor protección de nuestros niños y adolescentes.

PORQUE EL ÚNICO OBJETIVO ES EL CASTIGO: El mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Sin embargo, la discusión de estos proyectos, luego de un hecho grave que involucró a un adolescente de 14 años, revela que el único objetivo es establecer políticas de castigo sobre esta población, violentando ese mandato, y confundiendo a las personas que creen que esta reforma le será aplicada a ese joven, lo que es falso.

PORQUE NO ES CIERTO QUE SEA EL ÚNICO MODO DE BRINDAR GARANTÍAS A LOS ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS: Decir que el único modo en que una persona acceda a las garantías constitucionales es introducirlo en el sistema penal es por lo menos una falacia. Las garantías las tenemos todas las personas de todas las edades, el problema es que muchas veces no se cumplen ni se respetan. Es responsabilidad de los jueces aplicar las leyes, y velar porque todas las garantías de todas y todos los ciudadanos, se cumplan conforme la ley.

PORQUE NO SE TRATA DE SANCIONAR MÁS LEYES, SINO DE CUMPLIR LAS QUE YA EXISTEN: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) tienen plena vigencia, así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en nuestro país. Sin embargo, la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten.

PORQUE LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES DE 14 Y 15 AÑOS QUE COMETEN DELITOS GRAVES ES ÍNFIMA: Diputados y diputadas, senadores y senadores deberían pensar si es justo sancionar una ley que, más allá de sus intenciones, será aplicada para el castigo, y que significará un retroceso en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia, para atender, de modo punitivo, los hechos que cometen un puñado de adolescentes. Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero (http://www.unicef.org/ argentina/ spanish/Adolesce ntes_en_el_ sistema_penal. pdf)
sobre un total de 1800 adolescentes menores de 18 años privados de libertad por causas penales en el país, un 17 % son no punibles, es decir menores de 16 años: 300 adolescentes. Ahora bien, cuando se analizan los delitos que se les imputan a aquellos 1800 adolescentes privados de libertad, los datos indican que un 15 % está imputado de homicidio (incluyendo la tentativa de homicidio, es decir, los casos en que no se produjo el resultado muerte): 270 casos. Si aplicáramos la proporción entre punibles y no punibles, tendríamos que, de esos 270 casos, solo 46 (el 17 % de 270) corresponderí an a adolescentes de entre 14 y 15 años.
Pero esa cifra es más baja aún si tomamos la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen al año en nuestro país: unos 2000. De esa cantidad, en unos 200 participan menores de 18 años. Y de esos doscientos, según declaraciones del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en solo 15 casos participan menores de 16 añoshttp://http: //www.pagina12. com.ar/diario/ sociedad/ 3-123922- 2009-04-26. html
Este análisis no supone quitar importancia a una sola muerte violenta producida por la intervención de un adolescente, pero entendemos que una decisión de política criminal de la gravedad de la que se intenta, debe analizar a qué población está destinada, con qué objetivos, y a qué costos, antes de tomarse.

PORQUE SI EL ESTADO NO ES CAPAZ DE CONTROLAR LAS INSTITUCIONES DE ENCIERRO QUE HOY TIENE, MUCHO MENOS PODRÁ CONTROLAR LAS QUE PIENSA CREAR: Todos los días hay noticias acerca de muertes en lugares de encierro (76 por causas violentas y/o dudosas durante 2008, según los registros del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) El viernes 24 de abril, la justicia ordenó cerrar un hogar de niños, niñas y adolescentes regenteado por la Fundación de Julio Grassi, luego de que un niño de ocho años intentara ahorcarse, hastiado de los abusos cometidos contra su persona, y de que se recopilaran otras tantas denuncias. La Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en noviembre de 2004, pero no implementa los mecanismos de visita a los lugares de detención para prevenir los abusos, los malos tratos y la tortura. Esa es otra norma vigente que no se cumple, casi cinco años después de ser sancionada.

PORQUE EL SISTEMA PENAL ES DISCRIMINATORIO, SELECTIVO, ESTIGMATIZANTE: Es decir: no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables, los que menos “esfuerzo” tienen que hacer para caer en sus redes. Y cuando los captura, los separa del resto de la sociedad, los marca. Nadie que pase por una institución del sistema penal sale sin huellas, a veces en el cuerpo, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son más profundas y dolorosas cuando se provocan en niños y adolescentes.

PORQUE LOS PIBES SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS Y LAS EMPRESAS CRIMINALES: Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta, es porque alguien con más edad y con más poder, lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican todas las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos de los que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los respuestos para sus autos.

PORQUE LAS PENAS PREVISTAS NO SON INTOCABLES: Se utiliza como un argumento a favor de la baja de edad de punibilidad, que se fijarán penas bajas (lo que no es cierto, al menos en el proyecto presentado por el Dr. Raúl Zaffaroni y la Dra. Lucila Larrandart, en el que se permiten penas de hasta siete años para la franja de 14 y 15 años, y de quince años para la franja de 16 y 17, lo que transformaría al régimen argentino en el más gravoso y represivo de Latinoamérica) . Pero hasta estas penas draconianas pueden elevarse: basta que suceda algún hecho trágico, o lo suficientemente difundido por los medios, para que se dupliquen, o tripliquen, frente a un próximo clamor popular. Del mismo modo que sucedió con la presión del ex ingeniero Blumberg, en 2004, en que los máximos de pena aplicable a ciertos delitos subieron a los cincuenta años, obviamente sin ningún efecto en cuanto a la disminución de esos delitos.

PORQUE VAN A METER PRESOS A LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DEL NEOLIBERALISMO QUE ESTA SOCIEDAD VOTÓ Y ACEPTÓ DURANTE UNA DÉCADA: Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, cuando millones de votantes reeligieron a Menem, y sus políticas, con la consecuencia de desintegració n social, marginación de millones de personas, destrucción de la escuela pública, pauperización y desempleo de los padres de estos adolescentes.

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos
Buenos Aires, 21 de Mayo de 2010

''Ningún pibe nace chorro''

El expreso rechazo al proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad de los menores que delinquen fue plasmado en un documento por integrantes de la Pastoral Social Patagonia Comahue que integran representantes de las diócesis de Bariloche, Viedma, Río Gallegos, Esquel y Comodoro Rivadavia. "No se trata de sancionar leyes sino de cumplir con las que ya existen. Son decisiones políticas impostergables", sostienen en un fragmento del texto.

El documento puntualiza que "se ha vuelto a instalar con fuerza la idea de que uno de los factores determinantes de inseguridad son los delitos cometidos por jóvenes y adolescentes en particular". Y al respecto enumeran los siguientes aspectos:

 Señalamos con profunda preocupación la vigencia de esta idea porque además de falsa es peligrosa ya que acentúa la descarga punitiva sobre los adolescentes, desconociendo que poseen historias atravesadas por la vulneración de derechos, producto de la desidia del estado y de la indiferencia de una sociedad que ahora los culpabiliza, dirigiendo la discusión hacia el castigo y no hacia la adecuada preparación para la vida en libertad.

 En el Derecho internacional de DDHH rige el principio de no regresar a instancias anteriores de la cobertura de un derecho.Lo regresivo no contribuye en absoluto a favorecer a la mejor protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.

 Observamos el papel de los medios que acentúan este discurso social, instalando esta percepción de miedo y amenaza constante, ocultando a su vez la situación de desprotección con sus marcas de marginalidad que sufren millones de niños y adolescentes en nuestro país en un contexto de violencia estructural que no es denunciada.

 Pese al compromiso asumido por nuestro país como estado-parte, de respetar los principios y el paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño,pese a la sanción de la Ley de Protección 26.061, pese a las leyes provinciales y al reordenamiento institucional provocado por ellas, observamos que en nuestra región no se cumple con la letra de la ley, vaciando de contenido la vigencia de esos derechos a favor de la niñez, la adolescencia y la familia.

Constatamos la ausencia de políticas Públicas integrales , efectivas y con permanencia en el tiempo que promuevan un mejor crecimiento y desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Exigimos la efectiva aplicación de las leyes con la asignación de recursos correspondientes.

 No se puede desconocer la responsabilidad que le cabe a una sociedad , que avaló durante años la ejecución de políticas que incidieron en el proceso de desintegración social, marginación,pobreza, destrucción de la escuela pública y de los sistemas de salud, empobrecimiento de políticas integrales, pauperización, y desempleo de los padres de estos adolescentes afectando a las familias quienes debieran ser sostén, valor y cuna de aprendizajes. Esa sociedad, a la que pertenecemos, ahora pide medidas de seguridad a costa de estas consecuencias.

 También queremos recordar que el delito es amparado por adultos que utilizan a niños y adolescentes para lograr sus objetivos.Pero más grave es saber que el circuito del delito y del crimen solo puede subsistir si hay complicidad de todo un sistema que lo apaña y mira hacia otra parte o bien participa activamente de sus beneficios.

Estamos convencidos de que como adultos e integrantes de una comunidad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de construir una sociedad capaz de resolver sus conflictos, ayudando a sus miembros más desprotegidos mediante acciones de fortalecimiento de sus personas, en todo sentido, y no excluyéndolos de un sistema de convivencia y de oportunidades.

Por ello rechazamos todo intento de estigmatizar y rotular a nuestros adolescentes construyendo en el imaginario social una falsa idea de amenaza y peligrosidad cuando en realidad deberíamos fortalecer los mecanismos de inclusión social, de ejercicio de la ciudadanía,de promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sabemos, por experiencia concreta, que no hay mejor prevención que la inclusión. Por ello nos movilizamos junto a otros rechazando la baja de imputabilidad y exigiendo que se impulsen las políticas a favor de la restitución de los Derechos de la Infancia y Adolescencia,tal es el compromiso del Estado y de la Sociedad Civil. 


Tomado de http://www.infochubut.com/modules.php?name=News&file=article&sid=13113