Proyecto de Casa de la Memoria El Cilindro

                                                                                                Grand Bourg        de mayo de 1999.

A la Comunidad de Malvinas Arg.

Al H. C. Deliberante  de M. A.

Al Sr. Intendente de M. A.

                                                         La comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia tiene el agrado de dirigirse a este honorable Cuerpo y su comunidad para poner a consideración el proyecto MUSEO DE LA MEMORIA “CASA DEL CILINDRO”.

 PROYECTO:

  Ubicación: Dentro del predio de la Ex Compañía de Municiones 601, Ubicado entre la Ruta 197, la calle Ingeniero Huergo y las vías del F.C.G.M.B., Los Polvorines.

El mismo pretende la reconstrucción y protección de la memoria colectiva sobre los horrores del Terrorismo de Estado que asoló la Argentina entre 1976 y 1983, se alineará en cuanto a su concepción, organización y funcionamiento con los criterios en que la UNESCO caracterizan a los Museos de la Paz y dentro de éstos, a los específicamente ubicados como Museos Temáticos, es decir, aquellos que recuerdan horrores de particular significación histórica.

 Así, por definición,  la labor del Museo se inscribirá en una línea de promoción de los derechos humanos la aceptación de las diferencias y la democracia y tratará de responder a interrogantes morales de singular trascendencia, propias de este tipo de instituciones tales como ¿ De qué manera impedir que los visitantes se informen de la verdad sin sentirse abrumados ante las muestras de tamaña barbarie? ¿ Cómo despertar en ellos el deseo de sumarse a las iniciativas que bregan por la edificación de un mundo mejor? ¿ Qué tipo de esperanza transmitirles?.

El Museo se definirá como un lugar público y plural y junto a la exhibición de testimonios del más diverso carácter, que ilustren sobre los horrores del Terrorismo de Estado, ofrecerá espacios diferenciados donde sea posible llevar a cabo actividades de reflexión, educación, estudio, de encuentro, de recogimiento, de creación artística de solidaridad, de desarrollo, en suma, de todo tipo de acciones vivas que contribuyan a impedir el olvido.

Desde el supuesto que se pudiere tener acceso a materiales colectados en su momento por la CONADEP, por los diversos organismos de derechos humanos, por entidades académicas y otras fuentes similares, se parte de la idea de que el Museo podrá disponer y reconstruir archivos de fotografías de desaparecidos y de los hijos robado, de testimonios gráficos, orales y audiovisuales de sobrevivientes, familiares y compañeros y demás documentación original la participación de los organismos de derechos humanos en la gestación y fundación del Museo resulta indispensable por ser ellos los tenedores de la mayor parte de los testimonios y documentos y porque ellos mismos constituyen la “ historia viva” de las luchas vividas.

Uno de los núcleos fundamentales del trabajo del Museo se apoyará sobre el fenómeno de la política de desaparición forzada de personas llevada a cabo por la dictadura militar, tratando, entre otras cosas y especialmente, de ayudar a que la dimensión, escalofriante pero abstracta, de miles de desaparecidos pueda convertirse en miles de personas concretas, víctimas de un plan perverso, de protagonistas visibles en un contexto histórico determinado.

En ese sentido no podrán faltar los nombres de los desaparecidos, sus fotos, las listas de los represores, de los lugares de detención, de los centros de tortura, los testimonios de la tarea de búsqueda y denuncia de los familiares y organismos de derechos humanos y todo aquello que contribuya a devolver la palabra a quienes la barbarie pretendió silenciar para siempre.

También será materia preferente del Museo el tratamiento del tema del robo de niños perpetrado por los torturadores, como a sí mismo la reconstrucción del contexto social en un país tensionado por la vida que seguía su curso aparentemente normal mientras se secuestraba, se atormentaba y se asesinaba; una reconstrucción desmitificada, con particular detenimiento en el aislamiento interno de importantes contingentes de personas, el llamado “exilio interior”.

Y en ese capítulo habrán  de incluirse necesariamente el exilio masivo registrado en la época, con reconstrucción de nombres, destinos, actividades de solidaridad y, especialmente, vida cotidiana y relación con la argentina, y, asimismo, el papel jugado por diversos organismos internacionales, públicos y privados, tanto en lo que se refiere a los exiliados como a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en la Argentina.

En síntesis, en el marco de una nueva comunidad, el Museo de la Memoria Casa del Cilindro, habrá de tener una organización y un funcionamiento tales que garanticen el máximo aprovechamiento posible del aporte que aún están en condiciones de brindar sobrevivientes del terror, familiares de las víctima, testigos y luchadores por la vigencia de los derechos humanos, levantándose como un legado para que las futuras generaciones comprendan las raíces, las características y los alcances del Terrorismo de Estado, en el compromiso mayor de evitar su reproducción.

Es intención de esta comisión, mientras se discuta este proyecto, el recopilar todo el material: fotos, libros, recortes periodísticos, documentos, folletos, videos, etc. Que tengan relación con los sucesos ocurridos en el ex General Sarmiento y que la comunidad y sus organizaciones puedan brindar.

La Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia está integrada por los profesores de Historia Jorge P. Colmán, Luis Sosa, Marcelo Ayala, Marcelo Echeverría, Colaboran, Rosana S. Rodríguez y todos aquellos que quieran participar en esta causa. Para la recepción de material enviar a Cura Brochero 1539 Grand Bourg (CP 1615) Provincia de Buenos Aires o telefónicamente al (011) 15-4095-1070

      COMISIÓN POR LA MEMORIA LA VERDAD  Y LA JUSTICIA

            

 PROYECTO DE ORDENANZA:

            Artículo 1° - Créase en el municipio de Malvinas Argentinas, Pcia. De Buenos Aires, el “Museo de la Memoria Casa del Cilindro” destinado a reconstruir, proteger y cultivar la memoria colectiva sobre los horrores del Terrorismo de Estado que asoló a la Argentina en los años 70 e inicios de los 80 hasta la recuperación del estado de derecho.

           Artículo 2° - Para el cumplimiento de sus objetivos el Museo de la Memoria “El Cilindro” tiene las siguientes funciones:

a)     Recopilar, sistematizar, conservar todo el material documental y testimonial existente para integrar su patrimonio inicial.

b)     Exhibir, dar a conocer, difundir, educar.

c)     Desarrollar actividades culturales y sociales.

d)     Investigar y capacitar.

           Artículo 3° - El museo tendrá un Centro de Documentación y Memoria Histórica, que abarque el período 1976-1983, con especial interés en los hechos ocurridos en el ex General Sarmiento y relacionados con los derechos humanos en el país y en el mundo, central computarizada, internet, conexión con los distintos foros de derechos humanos a nivel internacional. Testimonios orales, escritos, fotográficos y fílmicos.

            Artículo 4° - El museo dispondrá de Salas de Exposición Permanente, pudiendo utilizarse las instalaciones ya existentes, donde constarán los nombres de todos los asesinatos, detenidos-desaparecidos y presos políticos, sus historias personales incluyendo escritos, fotografías u otros elementos significativos y que permitan conocer sus ideas, sentimientos, modos de vida, actividad pública o privada.

             También tendrá un área en el cual se reconstruirá el ambiente y las condiciones de los Centros Clandestinos de Detención y Cárceles.

              Artículo 5° - El Museo contará con Salas para Exposiciones Temporarias con el fin de que se expresen las formas actuales de reflexión sobre el pasado, Salas para Debate y Conferencias y Exhibición de producciones audiovisuales.

              Asimismo tendrá Salas de Lectura y Consulta con una Biblioteca actualizada en materia de Derechos Humanas, Hemeroteca y terminal informática.

              Artículo 6° - El Museo contará con un Departamento de Extensión Cultural y Educativa que desarrollará programas exclusivos de visitas guiadas para establecimientos educativos primarios y secundarios.

              Se programarán todo tipo de actividades culturales relacionadas con los derechos humanos.

              Se realizarán muestras itinerantes que lleven la idea de la razón de ser del Museo de la Memoria a todo el país y también al exterior, congresos y todo tipo de encuentros que pongan el tema de los derechos humanos al alcance de un número creciente de personas.

               Artículo 7° - El Museo tendrá un Área de Investigación Histórica relacionado con los derechos humanos.

                También se desarrollará en el Museo un Área de Estudios Terciarios de Derechos Humanos.

                Artículo 8° - El municipio de Malvinas Argentinas garantizará la instalación actual, la conservación y el funcionamiento del Museo de la Memoria Casa del Cilindro mediante la afectación de una partida especial y permanente en el presupuesto.

                Artículo 9° - El intendente garantizará por los medios a su alcance el actual predio de la ex Compañía de municiones 601 y destinarlo como sede definitiva del Museo de la Memoria Casa del Cilindro.

                 Artículo 10° - El ejecutivo comunal garantizará el buen funcionamiento de la etapa de recopilación, sistematización y resguardo de todo el material documental y testimonial existente que integra el patrimonio inicial y el desarrollo de actividades culturales de difusión contando para ello con la participación con la participación de los organismos  de derechos humanos existentes en el distrito y los alumnos y los profesores de establecimientos de nivel polimodal.

                Artículo 11 – Créase la Comisión Fundacional del Museo de la Memoria Casa del Cilindro integrada por un concejal por cada uno de los bloques y un representante de cada una de las organizaciones de derechos humanos existentes en el distrito.

                Artículo 12° - Son atribuciones de la Comisión:

A)   Programar el Museo de acuerdo con las pautas establecidas en la presente ordenanza y en la precedente nota, solicitando asesoramiento técnico, profesional, museológico, arquitectónico, jurídico y artístico.

B)    Participar en la recopilación y sistematización de todo el material documental y testimonial existente que integre el patrimonio inicial del Museo.

C)   Aprobar el diseño del Museo.

D)   Dictar su propio reglamento interno.

E)    Realizar toda acción conducente al cumplimiento de la presente ordenanza.

                Artículo 13° - La Comisión debe informar trimestralmente su actuación a la comisión correspondiente del H. C. D.

                Artículo 14° - El Museo de la Memoria Casa del Cilindro actúa como organismo fuera de nivel y estará dirigido por un cuerpo mixto integrado de la siguiente manera:

A)   Consejo Asesor ad honoren: Integrado por un representante por cada uno de los organismos de Derechos Humanos, un profesor por cada establecimiento de educación Polimodal elegido por el departamento de Ciencias Sociales , un alumno por cada establecimiento educativo de educación Polimodal elegido a través del Centro de Estudiantes, un profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento electo a través de su centro de investigaciones y un alumno de dicha casa de estudios electo a través del Centro de estudiantes. 

B)    Comité Directivo: Integrado por  dos personas designadas por el poder ejecutivo, dos por el H. C. D. y una por cada Organismo de Derechos Humanos. Participará en la elaboración y evaluación de los planes de trabajo, colaborando en forma permanente con el director. Su labor dará lugar a una remuneración equivalente a la que el escalafón asigne a la categoría de director de 3° de establecimientos educativos dependientes de la D.G.C. y C.  

C)   Director: Designado por un concurso que tendrá  especialmente en cuenta que la persona se haya distinguido en razón de sus valores éticos e intelectuales, demostrados particularmente en el campo de los Derechos Humanos, la democracia y el pluralismo. Su mandato tendrá una duración de cuatro años y podrá ser renovado por un período consecutivo. Máxima autoridad del museo, será el responsable ejecutivo de la labor del organismo y la representará en toda su actividad pública.

D)   Consejo Técnico: Integrado por cinco especialistas en museos, designados por concurso. Este cuerpo propondrá planes y proyectos atinentes a su misión, dependiendo del Director del Museo.

Artículo 15° - El resto del personal necesario para el funcionamiento del Museo de la Memoria Casa del Cilindro será designado por concurso.

                 Artículo 16° - De forma.  

Ocho generales activos visitaron a militar preso en Uruguay

Ocho de los quince generales en actividad concurrieron ayer a la sede de la Guardia de Coraceros a expresarle su solidaridad al coronel (r) Tranquilino Machado, procesado con prisión y recluido en dicha unidad por disposición de la Justicia.

Los uniformados se encontraron con el militar, abogado y docente, con más de tres décadas de carrera militar, a quien la Justicia imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado" por la muerte del estudiante Ramón Peré, ocurrida el 9 de julio de 1973. Su defensa, a cargo del doctor Miguel Langón, ya prepara la apelación para presentar en las próximas horas. El abogado basará su argumentación en que esta causa está amparada en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.
Según supo LA REPÚBLICA, participaron de este encuentro los generales Luis Pérez (actualmente sin destino), Daniel Castellá (comandante de la División de Ejército I), Sergio D' Oliveira (director del Instituto Militar de Estudios Superiores), Pedro Aguerre (comandante de la División de Ejército IV), Neris Corbo (director de Sanidad Militar), Domingo Montaldo (jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República), Nelson Pintos (comandante de la Logística) y Juan J. Saavedra (director de la Escuela Militar y director del Instituto Militar de las Armas y Especialidades). Fuentes cercanas a los participantes señalaron que los generales expresaron su preocupación por la situación en que se encuentra el militar, juzgado por un hecho ocurrido hace casi cuatro décadas. "Nadie está seguro", acotó uno de los informantes. La visita se produjo en horas de la mañana y, según los propios uniformados, "se trata de un hecho inédito, ya que no existen antecedentes, ni siquiera cuando uno de sus pares, el general Miguel Dalmao (quien se repone en el Hospital Militar), estuvo preso en la misma dependencia". Junto a Machado, también se encuentra el coronel José Chialanza, de 83 años, procesado por el caso de Nibia Sabalsagaray.
La rapidez con la que se realizó la visita impidió que estuvieran presentes otros generales que se encuentran en el Interior. Según trascendió a última hora, el comandante en jefe general Jorge Rosales habría respaldado la actitud de sus camaradas. Durante el encuentro, afirmaron los informantes, se expresó la preocupación en relación al enjuiciamiento de militares. Según canal 12, los generales también manifestaron preocupación porque consideran que hay "escasas garantías para los militares a la hora de comparecer ante ciertos magistrados. Respecto al coronel Tranquilino Machado, se señala que fue preso por un hecho ocurrido hace casi 40 años, apenas egresado de la Escuela Militar, mientras cumplía con un procedimiento ordenado por sus superiores.

Presentan apelación

La defensa del coronel (r) Tranquilino Machado apelará el próximo martes el procesamiento de su cliente. Los abogados Miguel Langón y Graciela Figueredo insistirán en los argumentos formulados durante la instrucción presumarial por la muerte de Ramón Peré, según pudo saber LA REPÚBLICA.
En este sentido, los abogados fundarán el recurso de apelación en la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", la imposibilidad de aplicar el artículo 123 del Código Penal (CP) para elevar el plazo de prescripción del delito, y la existencia de un enfrentamiento armado entre los oficiales y los dos estudiantes.
Langón afirmó, en un alegato interpuesto durante el proceso, que al momento de los hechos Machado revestía el "grado inferior de la jerarquía" militar (alférez), "habiendo actuado bajo órdenes directas de su superior", por lo cual "es inconcuso que su situación está amparada" en la Ley de Caducidad.
Asimismo, el abogado cuestionó la aplicación del artículo 123 del CP "porque Machado nunca fue ni es un sujeto peligroso, y actuó además en condiciones especialísimas de legítima defensa, cumplimiento de la ley y obediencia al superior". En este sentido, Langón sustenta que la tesis de la "peligrosidad" no puede basarse en los hechos de 1973, sino en la actualidad, cuando Machado no representa un peligro para la sociedad.
Empero, la defensa insistirá, particularmente, con la hipótesis del enfrentamiento entre los oficiales y los estudiantes. Machado actuó "para reprimir actos ilícitos, en cuya ocasión fue agredido a tiros por el que resultó fallecido o por su acompañante, (...) repeliendo el ataque con el resultado fatal".
En este contexto, Machado "hizo uso del arma de fuego que portaba en forma proporcional, racional y progresiva", por cuanto "solo disparó un único tiro reactivo, en condiciones de profunda nocturnidad, sin utilizar las miras, casi instintivo, a larga distancia, sin experiencia de combate previa, en situación emocional muy especial de temor, angustia y estrés, cuando interpretó que era evidente el riesgo que corría su propia vida y para conjurar ese peligro", señala el abogado.

Fuente: La Republica

En Bahia Blanca condenan a represores militares y buscan a los cómplices civiles

Procesaron a ex militares por violaciones a los derechos humanos en Bahía Blanca

Lo resolvió el juez federal de esa ciudad Alcindo Alvarez Canale. Se investiga a cinco acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército

Fallo completo 841.1 Kb.

El juez Alcindo Alvarez Canale, a cargo del Juzgado Federal de Bahía Blanca Nº 1, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de cinco ex militares, en el marco de una causa en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército.

La resolución alcanza a los ex militares Pedro Angel Cáceres, Miguel Angel Chiesa, Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Horacio Rojas y Julio Manuel Santamaría

Están acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia con imposición de tormentos, y homicidio agravado por alevosía.

Fuente: www.cij.gov.ar

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Saber quién es quién

La lista Integración presentó un proyecto para que se den a conocer los nombres de todas aquellas personas que colaboraron con la dictadura y se desempeñaron o desempeñan en la Universidad.
Por otra parte, se pretende que esos datos sirvan para posibles impugnaciones en concursos para ocupar cargos.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) se encuentra en un clima de sensaciones encontradas en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y la condena al Terrorismo de Estado. Por un lado, la institución ofrece sus instalaciones para que allí se realicen los juicios a los represores de la dictadura, a la vez que otorga la reválida docente a la abogada Gloria Girotti, pese a las acusaciones que pesan sobre ella acerca de su complicidad con el régimen militar.
En ese contexto, se presentó una buena iniciativa que tiene que ver con aquella lista que el gobierno nacional dio a conocer con los nombres de los civiles que colaboraron con la dictadura. Esa nómina incluyó a Bahía Blanca y contiene nombres que a la UNS le son familiares. De allí que la lista Integración presentó un proyecto para que se den a conocer todos los datos de quienes actuaron en el Terrorismo de Estado como agentes de Inteligencia y, al mismo tiempo, se desempeñaron o desempeñan en la universidad.
En el proyecto se recuerda y se tiene en cuenta que la UNS fue particularmente castigada por la intervención de Remus Tetu y la dictadura militar lo cual provocó que un buen número de docentes, estudiantes y no docentes fueran cesanteados, encarcelados, obligados al exilio, asesinados o desaparecidos entre los años 1975 y 1982.
De esta manera se pretende tanto la condena social promovida por los organismos de Derechos Humanos contra todos los que actuaron en la represión de la dictadura, como también la difusión de integrantes de la UNS que justamente tuvieron colaboración para con los genocidas.
Dante Patrignani, integrante de la lista Integración, dialogó con EcoDias del tema: “Este proyecto surge a partir del conocimiento de las listas de agentes de Inteligencia durante la dictadura militar. La iniciativa fue de la lista Integración pero terminaron firmando el proyecto varias listas de docentes, estudiantes, no docentes, en algunos casos la totalidad de las listas y en otros algunos asambleistas de forma particular”.
A modo de ejemplo, Néstor Montezanti es uno de los nombres que figura en la lista como asesor universitario. Hoy, Montezanti continúa dictando clases en el Departamento e Derecho de la UNS: “Si bien el proyecto es general, no es particular sobre este caso, apunta a dos cosas. Por un lado, un pronunciamiento político, y la segunda que tiene consecuencias en cuanto a los concursos de docentes y no docentes universitarios donde se declara que esta actividad de colaboración con la dictadura es repudiable desde el punto de vista ético y es causal de impugnación de los concursos de docentes y no docentes”.

ContradiccionesSeñalaba Patrignani que los datos podrían ser causa de posibles impugnaciones a la hora de llamar a concurso para ocupar cargos. Ello está bien detallado en el proyecto donde dice que tal actividad (la colaboracionista) esta reñida con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria quedando comprendida en los causales de impugnación de artículos incluidos en los reglamentos de concurso de profesores, asistentes y ayudantes y también en lo que refiere a las condiciones de conducta del Convenio Colectivo para el Sector No Docente.
Respecto al desarrollo y aceptación del proyecto, Patrignani explicó del trámite que “como es una autoconvocatoria que parte de los propios asambleistas, se necesitan por lo menos 14 firmas para presentarlo. Lo han firmado más de 14, superan los 20. El primer trámite es la propia asamblea, esto fue lo que ocurrió en la última sesión: acepta su tratamiento, le da curso. Esto fue por unanimidad salvo la lista Universidad que se retiró unos minutos antes, el resto de los asambleistas presentes votaron a favor de su tratamiento.
Ahora se ha constituido una Comisión, y como en todos los cuerpos colegiados se trata el tema, se emite despacho y se somete a votación en un plenario. La semana que viene tendremos la primera reunión de comisión y le daremos curso”.
Describe Patrignani a modo de ejemplo, que una colega descubrió en el listado a una persona que era “compañero” de ella y de otros en la época en que se reorganizaban los centros de estudiantes y que incluso participaba de reuniones que se realizaban a tal fin. El “compañero” resultó ser un agente de Inteligencia: “Suponemos que debe haber muchos más en esa condición que tal vez no estén en la Universidad, pero que sería bueno para el ejercicio de la memoria colectiva que esos nombres se den a conocer. Por eso una de las partes del proyecto de resolución es que la Universidad, apelando a sus archivos, dé a conocer a toda la comunidad universitaria quiénes de ese listado oficial de agentes de Inteligencia son o han sido parte de la comunidad universitaria”. Y destaca: “Esto tal vez tenga un valor solamente simbólico, pero además creo que contribuye a esto porque imagínate la sorpresa de estar leyendo un listado sobre un tipo de los servicios de Inteligencia reuniéndose con vos cuando vos estabas organizando los centros de estudiantes por ejemplo. En ese sentido tiene ese valor”.
En contrapartida, decíamos, en la UNS se revalidó como docente a Gloria Girotti quien está comprometida con violaciones a los derechos humanos. Patrignani explicó que este caso no está incluido en el proyecto pero que se podría plantear sin ningún inconveniente: “El proyecto es puntualmente sobre el listado de los agentes de Inteligencia. Las acusaciones que pesan, que a mi criterio están probadas porque me alcanza con lo que testimonia la gente que estuvo detenida y torturada en La Escuelita, son inclusive más graves que esto”.
Considera Patrignani que la única argumentación de la cual se sirvieron los votantes a la hora de volver a designar a Girotti es el beneficio de la duda, es decir el hecho de que la Justicia no probó todavía la complicidad de la abogada con la dictadura. En el caso de la lista de agentes de Inteligencia, la situación es diferente: “Ya el listado es una prueba de la colaboración con la dictadura, en mi criterio, y por lo tanto ese argumento no puede ser utilizado por aquellos que quieran defender a estos personajes”.
Acerca de la sensación que se llevó luego de lo ocurrido con Girotti, expresó: “La sensación en el momento de la votación es que obviamente uno siente que cuesta mucho lograr estos actos de justicia, la primera reacción es como desmoralizante pero después de eso uno sabe que lo que tiene que hacer es seguir insistiendo en esto permanentemente. Es una contradicción muy seria que la universidad por un lado ofrezca su lugar para hacer los juicios y por otro lado designa a esta persona”.
Sin embargo, no es la única contradicción en la que cae la UNS: “Creo que la Universidad pensaba entregarle el doctorado honoris causa a Estela de Carlotto. Entonces es inentendible cómo se muestra una posición de defensa de los Derechos Humanos y reconocimiento a un luchador, y por otro lado se designa o se vuelve a designar en el cargo a una persona comprometida con la violación de esos mismos derechos”.

Autor: Redacción EcoDias




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Fecha: Sábado, 28 Mayo, 2011 - 14:56

Vergüenza

Por mayoría, el CSU decidió hacer lugar a la continuidad de la abogada Gloria Girotti en un cargo docente del Departamento de Derecho de la UNS. Está acusada de participar de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la última dictadura militar, cuando era secretaria del Juzgado Federal 1 a cargo de Guillermo Madueño. 
Tras una discusión que se extendió por más de dos horas, el Consejo Superior Universitario (CSU) sometió a la consideración de sus miembros los dos dictámenes en torno a la continuidad de la abogada Gloria Girotti en un cargo docente con dedicación simple en la cátedra de Derecho en los Contratos, que se dicta en el marco de la carrera de abogacía que 

ofrece la Universidad Nacional del Sur (UNS).
La votación tuvo un resultado reñido: con veintiocho consejeros presentes, quince de ellos optaron por revalidar el cargo para Girotti, sin hacer consideraciones sobre su idoneidad moral, ampliamente cuestionada por los doce miembros del CSU que se expresaron por el “no”. Al finalizar la compulsa, miembros de organizaciones de Derechos Humanos, de partidos políticos y de la comunidad que se acercó al recinto, hicieron sentir su bronca ante la decisión mayoritaria, que no tuvo en cuenta la abrumadora evidencia en contra de la abogada en cuestión.

Breve historia de la historiaLos lectores de EcoDias están familiarizados con el historial que registran Gloria Girotti y su colega Hugo Mario Sierra, también docente de la UNS. Durante la segunda mitad de los años '70, ambos fueron secretarios del Juzgado Federal 1 entonces a cargo de Guillermo Federico Madueño, quien fue procesado por su participación en la maquinaria de terror, secuestro y tormento que ancló en nuestra región en el ámbito del V Cuerpo de Ejército. El ex juez falleció impune en agosto de 2010.
La primera objeción a la reválida de Girotti al frente de la materia en cuestión se presentó en el recinto del CSU la noche del 15 de diciembre de 2010, cuando debía decidirse si hacer lugar a la decisión del Departamento de Derecho, que daba luz verde a la reválida, o se considerarían los elementos planteados por la oposición.
Éstos se vinculaban con la probada participación de Girotti en hechos que configuran crímenes de lesa humanidad, en dos líneas fundamentales: acción y omisión.
Siete días más tarde, los fiscales Abel Córdoba y Antonio Castaño elevaron al juez de primera instancia Alcindo Álvarez Canale un pedido de detención e indagatoria hacia Sierra y Girotti, además de solicitar el allanamiento de sus estudios jurídicos y domicilios particulares. La solicitud tenía como fundamento la abundante prueba documental y testimonial contra los letrados, cuyos casos son prácticamente iguales. A Girotti, puntualmente, se le imputó desde archivar sin más investigación las denuncias por desapariciones y secuestros hasta el hostigamiento posterior a familiares y víctimas. Pero la acusación más grave es la de haber participado en interrogatorios bajo tortura a personas ilegalmente detenidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “La Escuelita”, que funcionaba en dependencias del V Cuerpo de Ejército.
Con inusitada celeridad -había demorado dos años y medio en expedirse sobre la responsabilidad del ex juez Madueño-, el juez vitalicio Álvarez Canale decidió en una semana no hacer lugar al pedido de la Fiscalía, que apeló a la Cámara Federal de nuestra ciudad.

Incongruencias variasTodavía no se había expedido la mencionada instancia de Apelaciones, cuando la comisión de Enseñanza del CSU elaboró un dictamen respaldado por una decena de firmas, en que consideraba como única fundamentación que “no existen razones legales” para negar a Girotti el acceso a la reválida en el cargo.
El dictamen fue firmado el 2 de marzo, pero permaneció oculto hasta que la Cámara Federal falló en contra del recurso interpuesto por el fiscal Abel Córdoba. Como firmantes del documento aparecen los mismos magistrados que dejaron en libertad a treinta y seis represores, acusados de violaciones a los derechos humanos y que, en muchos casos, registraron en su momento carácter de prófugos. Vicepresidente de la Cámara es Néstor Montezanti, quien prestó servicios como “asesor universitario” del Destacamento 181 de Inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura militar; uno de los preciados buchones de la peor época vivida por los argentinos.
Por su parte, el dictamen del asesor letrado en que se basa el expediente es anterior incluso a esa fecha, ya que está concluido el 28 de febrero de este año.

Razones para el “no”Esta incongruencia de fechas, que aseguraba que no existían razones legales en contra de Girotti cuando aún la Cámara no había dejado firme el fallo de primera instancia, fue el primer argumento esgrimido por quienes se oponían a la designación de la letrada al frente del cargo docente. En el debate, ni el secretario del CSU Diego Duprat ni el decano de Derecho Andrés Bouzat pudieron explicar esta clara contradicción del dictamen por el “sí”, elaborado por las comisiones de Enseñanza e Interpretación y Reglamento y respaldado por una docena de firmas.
Casi cuarenta considerandos más configuraban el corpus argumental del “no”. Los más importantes estaban vinculados a los hechos que los fiscales Castaño y Córdoba consideraron probados, y se han enumerado anteriormente en esta misma nota.
Además, había razones de índole moral e institucional. Por caso, el texto recordaba la incongruencia como la que la designación de la letrada marcaría, ya que “resulta evidente que a través de varias resoluciones de sus órganos de gobierno y de actos públicos, la UNS ha honrado y honra la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y que se ha manifestado claramente a favor de mantener una memoria activa que impida el olvido de los hechos dramáticos vividos en el país en los años ‘70 y ‘80”.
Por otra parte, entendía que la actuación de Girotti en el Poder Judicial durante la última dictadura cívico militar “no condice con los objetivos fijados en el Art. 2º del Estatuto de la Universidad Nacional del Sur como tampoco con los preceptos referidos a la formación democrática de los alumnos y a las condiciones morales de los docentes, establecidos en normas tales como el Estatuto Docente, la Ley 26.206 (de Educación Nacional) y la Ley 24.521 (de Educación Superior)”.
“Una funcionaria que al tiempo en que se violaban sistemáticamente los derechos humanos demostró connivencia, o por lo menos tolerancia con los responsables de dichos crímenes, contraría el fortalecimiento de un Estado de Derecho y determina carencia de autoridad moral para inculcar en los alumnos, y en particular en los futuros abogados, los valores establecidos en el Estatuto de la Universidad Nacional del Sur”, añadía el dictamen, defendido en el recinto por los consejeros Telma Alonso (Integración), Adriana Rodríguez (decana del Departamento de Humanidades), Romualdo Vera, Roberto Cimatti (ambos de la no docente lista Azul) y Cristian Kreber (MNR Desafíos).
Por último, los consejeros firmantes remarcaron que “no se conoce que la abogada Girotti con posterioridad a su paso por la esfera judicial haya colaborado en las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bahía Blanca ya que por su cercanía con los hechos debe contar con información valiosísima”.

Apologías y rechazosApelando a los derechos adquiridos por Gloria Girotti en un llamado a reválida ya avalado por el Departamento de Derecho y sosteniendo que la mencionada letrada aún no ha sido condenada por el Poder Judicial, los docentes titulares y auxiliares de las listas Blanca, Universidad, Línea Phi y Auxiliares del Sur y la mayoría de los decanos dieron luz verde a la continuidad de la ex secretaria de Guillermo Madueño.
Mediante la introducción en el debate de tecnicismos, los abogados Bouzat, Lombardi, Carlaván y Arruiz defendieron a su colega Girotti, al igual que la ex candidata a rectora Andrea Castellano. Mientras el primero de los nombrados justificó la designación en el postulado de que el concurso no había sido invalidado en primera instancia, los restantes se centraron en un supuesto garantismo que por un lado enarbolaba como bandera la decisión de los estrados de primera instancia y Apelaciones y, por otro, solicitaba seguir un “debido proceso”, que implicaría un “juicio académico” a la letrada cuestionada, a fin de “darle las posibilidades de defensa que no tuvieron las víctimas” del terrorismo de Estado, según la consejera Carlaván.
En inverso sentido se expresaron los consejeros que anticiparon su voto negativo a la designación a Girotti. La bioquímica Telma Alonso, por caso, explicó que la abogada logró permanecer hasta ahora en el plantel docente sin cuestionamientos por su accionar en la década del ’70 a raíz de que, hasta hace algún tiempo atrás, los expedientes del CSU no consignaban los nombres de los concursantes.
Por su parte, la decana del Departamento de Humanidades Adriana Rodríguez agregó a las fundamentaciones considerandos basados en tratados internacionales en la temática de derechos humanos y garantías, aplicables a casos como el tratado.

Los nombres, los rostrosEstos son los nombres y la filiación política de los consejeros que votaron por la afirmativa para la consulta de secretaría que resumió la cuestión en “sí” para la continuidad de la abogada y “no” para la interrupción de su ejercicio docente con dedicación simple en la cátedra Derecho en los Contratos:

Guillermo Lucanera (Lista Blanca)
César Lombardi (Lista Blanca)
Gastón Milanesi (Lista Blanca)
Andrea Castellano (Línea Phi)
Sebastián Arruiz (Auxiliares en Línea Phi)
Diego Martínez (Línea Phi)
Miguel Ángel Cantamutto (Lista Universidad)
Adriana Lista (Universidad)
Valeria Scherger (Auxiliares en Phi)
Paula Carlaván (Auxiliares del Sur)
Andrés Bouzat (Decano del Departamento de Derecho, Línea Phi)
Pedro Doñate (Decano del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, Línea Phi)
Liliana Castro (Decana del Departamento de Matemática, Lista Blanca).
María Susana Rodríguez (Decana del Departamento de Química, Lista Universidad).
Miguel Lliteras (Decano del Departamento de Ciencias de la Salud, Lista Blanca).

Cuando el último de los votos fue expresado -se mocionó para que la decisión fuera nominal-, y el secretario del CSU Diego Duprat realizó el escrutinio, el resultado arrojado fue de quince en pro de la extensión por siete años del cargo para Girotti y doce por la negativa. El decano Sabbatini se abstuvo.

Entre recriminaciones a los consejeros que realizaron el alegato de la ex secretaria de Madueño -Castellano, Lombardi y Carlaván fueron los más cuestionados- las decenas de personas que se congregaron en la puerta de la sala, sita en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80 comenzaron a corear consignas tales como “Consejo, basura, vos sos la dictadura”, mientras un asistente advertía “a los del ‘sí’: “Ustedes serán los responsables por la muerte de nuestros compañeros”. El rector Crapiste, que en declaraciones posteriores a medios televisivos pareció no entender que la continuidad de Girotti significase peligrosa en la formación de los futuros letrados, entendió que los cánticos del público configuraban “amenazas e insultos” a los consejeros. “No mientas: no hubo amenazas. Estás diciendo eso para que quede en actas, pero es mentira”, le respondieron los asistentes.

No tiene excusaEl consejero de la Lista Blanca César Lombardi apoyó la reválida a Gloria Girotti e incluso alegó en favor de la continuidad de la letrada.
Sin embargo, todo indica que no debió hacerlo: el propio Lombardi resultó uno de los firmantes del acta emanada del Departamento de Derecho y como jurado en la reválida de la abogada aconsejó al CSU el visto bueno para refrendar el trámite.
De acuerdo a esta interpretación, el mencionado consejero debiera haberse excusado de emitir voto en torno a las objeciones presentadas, ya que resultaba impensable que votase en contra de lo que él mismo recomendaba.
El artículo 58 del reglamento del cuerpo establece que podría pedirse la recusación del consejero e incluso podría caberle la destitución de su banca, decisión que, en tal caso, quedaría en manos de la Asamblea Universitaria (AU).
Textualmente, el texto marca que “será causal de destitución no excusarse un Consejero debiendo hacerlo, o no recusar a un consejero conociendo la causal que lo afectare”.

Unánime por allíAsí como, salvo tres excepciones en el global, el sector docente y los decanos votaron por la afirmativa, es dable destacar que el conjunto de los consejeros estudiantiles se pronunciaron por el rechazo a la reválida de Girotti.
En bloque, los estudiantes de las listas Unidad, MNR Desafíos, Generación, Sur y Grupo Académico respondieron con un taxativo “no” a la consulta formulada desde la secretaría del cuerpo en el voto nominal pronunciado.
Extraño es el caso de la lista Sur, cuya consejera Nora Piatti acompañó la postura de su claustro. Un compañero suyo, Marcelo de Dios, resultaba firmante del dictamen que desde el 2 de marzo aconsejaba confirmar en su cargo a la abogada Girotti.

Los no docentes, tambiénA la voz de Roberto Cimatti y Romualdo Vera, los trabajadores no docentes sumaron el repudio que su sindicato SiTUNS expresó en un comunicado emitido pocas horas después de la votación que tuvo lugar en el segundo piso del edificio de Avenida Colón 80.
“Este nombramiento contradice los valores estatutarios que establecen como fin de la universidad ‘el respeto por las normas e instituciones de la Constitución Nacional’ dado que Gloria Girotti carece de autoridad moral para inculcar estos valores en los alumnos que egresarán como abogados”, considera el documento.
Y agrega: “Toda la sociedad se debe una autocrítica profunda respecto a la complicidad civil y de los funcionarios judiciales con la dictadura militar y, en este sentido, la Universidad debe asumir un verdadero compromiso con la Memoria y la Defensa del Estado de Derecho”.

Autor: Redacción EcoDias

Va preso el autor del primer asesinato durante la dictadura militar

La Justicia dispuso ayer un nuevo enjuiciamiento por los crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar: el coronel (r) Tranquilino Machado fue enjuiciado por el crimen de Ramón  Peré, en 1973. La defensa apelará el auto de procesamiento.

Mauricio Pérez Loreley Nicrosi

Caso Peré. El ITF determinó que un proyectil por la espalda acabó con su vida.

El coronel (r) Tranquilino Machado fue procesado como autor del "homicidio muy especialmente agravado", en julio de 1973, del joven militante de la UJC Ramón Peré, muerto tras recibir un disparo por la espalda. Peré fue el primer muerto de la dictadura.
El juez penal de 3er Turno, Rubén Saravia, hizo lugar a la requisitoria formulada sobre fines de 2010, por el fiscal Juan Gómez, y dispuso el enjuiciamiento con prisión del oficial, como responsable de un acto ilegítimo cometido "con impulso de brutal ferocidad", según el fallo al cual accedió LA REPÚBLICA.
En este sentido, el magistrado consideró que la muerte de Peré se produjo "por motivos fútiles, frívolos, irracionales, ilógicos, absurdos, existiendo en principio una gran desproporción entre el motivo y la acción de matar". Asimismo, el juez rechazó la tesis de la "legítima defensa" fundada por la defensa de Machado, por cuanto no existe probanza "plena e indubitable" de estarse ante una acción adoptada frente a una "agresión no provocada".
El procesamiento del coronel (r) Machado eleva a 17 el número de militares y policías procesados o condenados por crímenes de la dictadura (1973-1985). Asimismo, un militar y dos policías fueron enjuiciados por delitos perpetrados antes del golpe de Estado.

Por la espalda

Peré, estudiante de Veterinaria y militante de la FEUU, se encontraba ocupando el local del centro de estudios, en el marco de la huelga general, convocada por el PIT-CNT, en protesta por el golpe de Estado encabezado por el dictador Juan María Bordaberry.
El joven repartía volantes y arrojaba "miguelitos" con un compañero en las inmediaciones del centro de estudios, cuando detectaron que eran seguidos por dos efectivos vestidos de civil. Los jóvenes corrieron, y uno de los efectivos hizo fuego "desde corta distancia". Una de las balas alcanzó a Peré y le produjo la muerte. La pericia efectuada por la dictadura afirmó que la muerte se produjo en el marco de un enfrentamiento.
Empero, dos pericias técnico-forenses realizadas por especialistas del Instituto Técnico Forense (ITF) deslegitimaron dicha versión, estableciéndose como causa de la muerte un disparo de arma de fuego, "claramente desde atrás hacia delante", es decir, por la espalda.
En este sentido, los dos oficiales indagados en la causa alegaron haber recibido disparos por parte de los estudiantes, pero "dichas aseveraciones resultan desvirtuadas hasta el presente por las probanzas diligenciadas". "Los referidos estudiantes no acostumbraban a usar armas, estaban en desacuerdo con el uso de armas, y en la oportunidad salieron desarmados", valoró el juez Saravia.
La confirmación en un fallo judicial de la acción no violenta por parte de Peré generó satisfacción en su familia. Andrés Peré, hijo del malogrado joven, afirmó que la decisión del juez Saravia es "confirmar lo que como familia sabemos: que no estaba armado". "Ahora la Justicia del país lo reconoce", dijo.

Apelación

En tanto, la defensa del coronel (r) Machado adelantó que apelará el fallo, ante la inexistencia de medidas probatorias suficientes para fundar una posible condena. Las pruebas obrantes en autos "hacen imposible condenar", expresó el abogado Miguel Langón.
La defensa cuestionó el incremento de los plazos de prescripción del delito por el supuesto de "peligrosidad", e insistió en la tesis de un enfrentamiento entre Peré y ambos oficiales ("en un enfrentamiento armado es indiferente e irrelevante por donde ingrese la bala"). "No hay argumentos", dijo el abogado.
En este sentido, el letrado cuestionó la decisión de la Justicia de "procesar por sospecha o por convicción, sin pruebas suficientes y en base a un derecho penal del enemigo, por el cual se utiliza "la Justicia como un arma de guerra y no como un instrumento para mantener la paz social".

"Cerrar una historia de toda la vida"

Andrés Peré, hijo de Ramón Peré, aseguró que la decisión judicial significa "cerrar un historia de toda la vida". "Es una historia de cuarenta años de querer saber la verdad, (...) con la sensación de un gran parte de la historia que me habían afanado y ahora la tengo", expresó Peré a LA REPÚBLICA. "Mi padre era un padre de familia, docente de la facultad, trabajador que tenía como opción política no tener las armas como herramienta de lucha. Era un tipo desarmado que lo mataron por la espalda", señaló Peré.

Gestiones para llevarlo a Coraceros

Domingo Arena. Ahí no iría.

Intensas gestiones emprendió el comandante en jefe del Ejército Jorge Rosales para evitar que el coronel retirado Tranquilino Machado fuera alojado en la cárcel de Domingo Arena, admitieron fuentes militares. La eventual "presión de los generales", fue el factor para tratar de impedir que fuera trasladado a la prisión militar. La intención es que Machado cumpla su detención en Coraceros, al igual que el general Miguel Dalmao. Según las fuentes, la presunta vinculación de Machado con la masonería, incidiría en la gestión. Los distintos criterios para determinar los lugares de reclusión, donde los oficiales del Ejército deben cumplir sus penas, genera malestar en filas militares y también en Domingo Arena.
Entre tanto, el procesamiento agudizó la "preocupación" que existe entre los uniformados por el tema derechos humanos, por entender que el caso de Machado, representa "un punto de inflexión". Horas de malestar vivió ayer el Ejército al conocer la noticia. El lunes, la sensación fue de nerviosismo, luego que Interpol procuró sin éxito ubicar a Machado. La falta de pistas sobre el paradero, llevó a Interpol a comunicarse con el general Jorge Bonilla, responsable del Estado Mayor de Defensa, fiador de Machado. El ex comandante de la Fuerza Aérea procuró encontrar a Machado, quien estaba en el domicilio de una hija embarazada. Tras el contacto, el oficial se presentó ayer a primera hora en Interpol. Bonilla ofició de fiador, luego que el procesado por la muerte de Peré no logró que Rosales fuera su garantía en diciembre.

Fuente: La Republica

Irena Sendler, un Premio Nobel que no fue

Irena falleció a los 98 años de edad en 2008. Durante la 2da. Guerra mundial, Irena consiguió un permiso para trabajar en el Ghetto de Varsovia, como especialista de alcantarillado y tuberías. Pero sus planes iban mas allá... Sabía cuales eran los planes de los nazis para los judíos (siendo alemana). Irena pasaba niños  escondidos en el fondo de su caja de herramientas y llevaba un saco de arpillera en la parte de atrás de su camioneta (para niños de mayor tamaño). También llevaba en la parte de atrás un perro al que entrenó para ladrar a los soldados nazis cuando salía y entraba del Ghetto. Por supuesto, los soldados no querían tener nada que ver con el perro y los ladridos ocultaban los ruidos de los niños. Mientras estuvo haciendo esto consiguió sacar de allí y salvar a 2500 niños. Los nazis la  atraparon  y le rompieron ambas piernas, los brazos y le pegaron brutalmente. Irena mantenía un registro de los nombres de todos lo niños que sacó y lo guardaba en un tarro de cristal enterrado bajo un árbol en su jardín. Después de la guerra, intentó localizar a los padres que pudieran haber sobrevivido y reunir a la familia. La mayoría habían sido llevados a la cámara de gas. Aquellos niños a los que ayudó encontraron casas de acogida o fueron adoptados.
El año pasado Irena fue propuesta para recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero no fue seleccionada. Se lo llevó Al Gore, por unas diapositivas sobre el Calentamiento Global y en 2009, Obama sólo por buenas intenciones.
 ¡ESTA SEÑORA ES NUESTRO NOBEL! 
Gran mensaje. ¡No permitamos que se olvide nunca! 
63 años después 
In Memoriam 

Para leer más sobre Irena pinche aquí.

Homenaje a Alejandro Almeida (Hijo de TATI Almeida) en TELAM

La Agencia nacional de
Noticias Télam homanajeó hoy al trabajador desaparecido Alejandro
Almeida, quien trabajó en esta empresa periodística, con la
presencia de su mamá Taty Almeida, quien emocionada dijo: "piso
Télam y digo Ale".

Hebe de Bonafini no se calla ni claudica

Buenos Aires, 7 de junio (Télam, por Liliana Valle).- La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, manifestó hoy que a pesar de que el ex apoderado de la entidad Sergio Schoklender y su hermano están siendo investigados por manejos irregulares de los recursos de la institución, no va "a cambiar porque nos hayan traicionado y robado".
En diálogo con la agencia Télam, Bonafini tomó postura ante las denuncias que pesan sobre los hermanos Schoklender y que investiga el juez federal Norberto Oyarbide, al señalar que "los Schoklender son estafadores y traidores" pero que "igual voy a seguir creyendo en la gente".