Tucumán y el estado de las causas por DDHH

 Tucuman: megacausa ex jefatura de policia

 

 

                  Los abogados de la querellla

 

 

 

Los cargos a cada uno

 

 

 

Luciano Benjamín Menéndez: fue comandante del III Cuerpo del Ejército. Está acusado de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado y asociación ilícita agravada en los 22 casos investigados.

 

Antonio Domingo Bussi: ex gobernador de Tucumán, enfrenta las mismas acusaciones que Menéndez (salvo asociación ilícita), pero en 19 causas, ya que no fue indagado en las restantes por su precario estado de salud. Una vez que se cumpla ese trámite, podría ser imputado también en las restantes.

 

Roberto Heriberto Albornoz: el comisario (r) de la Policía (fue jefe del Servicio Informaciones Confidenciales -inteligencia- durante el primer tramo del proceso) deberá responder por 19 casos, con la misma acusación que pesa sobre Menéndez. Lo apodan "El tuerto". 

 

Alberto Luis Cattáneo: el general (r), segundo de Bussi durante la primera parte del gobierno de facto, tendrá que responder por violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; homicidio calificado y asociación ilícita agravada, en seis casos.

 

Albino Mario Alberto Zimmermann: estuvo al frente de la Policía provincial entre 1976 y 1977. Fue imputado de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado respecto de cuatro víctimas.

 

Luis Armando de Cándido: está jubilado de la Policía provincial, y fue acusado por secuestro de dos personas; violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios; torturas; torturas seguidas de muerte; homicidio calificado; usurpación de la propiedad de Chacabuco 476 y asociación ilícita agravada. 

 

Carlos de Cándido: hermano de Luis y también ex policía. Fue imputado de usurpación de la casa de Jujuy 1.062 y de encubrimiento.

 

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INDIGNACIÓN DE FAMILIARES Y QUERELLANTES

En su declaración, Bussi intentó explicar lo injustificable

En su extensa declaración de ayer el ex gobernador de facto insistió en que hubo una guerra durante los ’70, tildó a los abogados de inescrupulosos por cobrar indemnizaciones por 250.000 dólares y aseguró que “ningún familiar” reclamó por las víctimas muertas “en combate”. Muchos familiares decidieron desalojar la sala y al término de sus dichos, la abogada querellante Laura Figueroa le exigió que se retracte de sus agravios, luego se sumó su par Bernardo Lobo Bugeau. Bussi se disculpó en los dos casos pero se dio el lujo de ironizar: “Hago extensivas mis disculpas a las damas, a los damos”. Antes, aseguró que la ex Jefatura de Policía funcionó “con normalidad” durante la época militar. 

Durante casi tres horas, el represor Antonio Domingo Bussi se apoderó ayer de la palabra en el juicio oral y público y leyó una extensiva declaración en una encendida defensa del accionar militar durante los años sangrientos de la última dictadura. Aseguró que a partir del 24 de marzo de 1976 su objetivo, como comandante en jefe de la V Brigada de Infantería y gobernador de facto, era “derrotar las bandas de delincuentes terroristas guarnecidas en el monte tucumano”, tarea que –aclaró- había comenzado con el Operativo Independencia. Pero se animó a decir que en el caso particular de Tucumán “no fue necesario” llegar al extremo; luego puso en duda la existencia de víctimas desaparecidas y tildó a los abogados de “inescrupulosos” al acusarlos de cobrar indemnizaciones por 250.000 dólares por cada denuncia realizada en la Justicia.

“En Tucumán hubo una guerra declarada por un gobierno constitucional y ratificada por otro gobierno constitucional”, dijo en una de sus afirmaciones más encendidas dirigida al fiscal general Alfredo Miguel Terraf, quien sostiene, como dejó sentado en el primer juicio, que no existió ninguna guerra. Luego de admitir que las víctimas eran detenidas en la ex Jefatura de Policía, entre otros edificios destinados para ello negó que hayan funcionado como “campos de concentración”.Allí, según el militar retirado, los detenidos permanecían entre tres y cinco días y luego se determinaba si pasaban a la cárcel de Villa Urquiza o se declaraba la falta de mérito.

Bussi fue más allá y habló, además de “supuestos” hechos, de “supuestas” víctimas. “Las presuntas víctimas (de esta megacausa) no representaban ninguna expresión política y social; aparentemente eran ciudadanos comunes por consecuencia no podían interferir en el accionar militar”, dijo y agregó: “no pudieron haber demandado la atención directa de mi carecer de gobernante interventor por carecer de relevancia político y militar”. Pero luego aseguró que de algún modo estaba ligados a los grupos subversivos. En ese momento, varios familiares de desaparecidos presentes empezaron a retirarse, indignados, de la sala.

Cuando Bussi detuvo, cerca de las 13, su lectura al sostener que estaba totalmente agotado, la abogada querellante Laura Figueroa fue la primera en reaccionar ante los dichos de Bussi. Pidió la palabra e indignada se dirigió al represor diciéndole que fue agraviada por sus dichos y aseguró que “nunca” cobró una indemnización de 250.000 dólares. “No le está permitido agraviar a las partes y pido al Tribunal que frene este tipo de agravios”, sostuvo. La letrada también se quejó porque se le permitió leer su declaración. “Bussi leyó prácticamente un libro. Se extralimitó; no se puede ejercer el derecho de defensa en desmedro al debido proceso”, lanzó.

Luego se sumó el abogado querellante Bernardo Lobo Bugeau, quien también se sintió agraviado. Bussi se dio el lujo de ironizar y volvió a pedir disculpas diciendo: “Hago extensivas mis disculpas a las damas, a los damos”. Se trató del primer cruce que hubo entre el represor y los abogados que defienden a las víctimas desaparecidas. `Por el cuarto intermedio dispuesto hasta la tarde, no hubo tiempo para que los querellantes sigan refutando los dichos de Bussi.

Más justificaciones

El ex gobernador de facto comenzó a leer su extensa declaración a las 10, según él para “contribuir” a la verdad histórica. “Lo hago para contribuir con mi verdad como protagonista principalísimo de esa epopeya militar pero también en resguardo de mis subordinados de todas las jerarquías que con sacrificio y coraje han coadyuvado a resguardar las instituciones de la República”, señaló. Luego hizo un repaso de artículos periodísticos publicados en la época en un intento para sumar “cómplices” para justificar el accionar militar durante el último golpe de Estado. Mencionó dichos de políticos, como el ex presidente Juan Domingo Perón, de la Justicia, la Iglesia y de la misma prensa de aquella época.

También le dedicó un párrafo para el Operativo Independencia, puesto marcha tras el polémico decreto 261/75 firmado por la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y sus ministros. “Con esa decisión presidencial, el Estado oficializó el conflicto en Tucumán, declaró el estado de guerra y mantuvo la vigencia estado de sitio, implementando una zona de operaciones para acciones militares contra los elementos subversivos, empeñando constitucional e institucionalmente efectivos de sus fuerzas armadas y de seguridad”, expresó.

“La zona de operaciones Tucumán –siguió- se implementó para la aplicación de las estrategias tácticas y técnicas para el cumplimiento de las órdenes dispuestas.Tenía autonomía de la conducción nacional, solo con dependencia inicial del Consejo de Seguridad presidida por la Jefa de Estado".

En el caso del plan de campaña Lamadrid I, mencionó que a poco de asumir como comandante en jefe de la V Brigada, a fines de diciembre de 1975, estuvo al frente del “combate” en Famaillá y habló de su éxito en la eliminación de la principal base de operaciones de guerrilleros. “Nadie reclamó por estos muertos en combate ni tampoco las organizaciones subversivas el numero de bajas sufridas, en la que había muchos tucumanos denunciados después como desaparecidos”, se animó a decir y aseguró que Julio Alsogaray fue la única victima reclamada por sus familiares.

Antes, había resaltado que el Ejército “tuvo más de 150 héroes y mártires muertos en toda su jerarquía y, a diferencia de la subversión, hizo públicas sus bajas”.

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Carlos y Luis De Cándido afirman que son inocentes

Los hermanos ex policías hablaron ayer con la prensa antes de ingresar al juicio.       Luis y Carlos De Cándido, quienes se desempeñaban como agentes del Servicio de Inteligencia Confidencial de la Policía de Tucumán durante la última dictadura militar, se declararon inocentes ayer antes de ingresar a la sala de audiencias del  Tribunal Oral Federal en un breve diálogo con la prensa. “No es justo lo que está sucediendo. No recibí órdenes de nadie, y nunca estuve vinculado a esta causa. Somos injustamente juzgados", sostuvo Carlos De Cándido. Su hermano, en tanto, indicó  que todo esto obedece a presiones para quitarle  la casa en la que él estaba viviendo. Según la Justicia, esa casa, ubicada en Chacabuco al 400, pertenecía a Marta y Rolando Coronel, ambos desaparecidos en mayo de 1977. “Somos inocentes y nosotros no tenemos nada que ver con estas acusaciones”, reiteró. Ambos son defendidos por el defensor público oficial Ciro Vicente Lo Pinto y su adjunto, Roberto Flores. @@@@@@@@@@@ El fiscal Terraf pidió que el juicio no se transforme en un “circo”       El presidente del Tribunal Jimenéz Montilla dijo que será tenido en cuenta el planteo de Terraf.       Fiel a su estilo frontal y enérgico, el fiscal federal en representación del Ministerio Público Fiscal, Alfredo Miguel Terraf, le pidió al presidente del Tribunal Oral, Carlos Jiménez Montilla, que exija “silencio” en la sala de audiencias. “No se puede permitir que haya gente que se exteriorice y aplauda, porque está prohibido por ley”, sostuvo. Y luego de leer el artículo referido a este tema, agregó: “Si cada vez que alguien diga algo, van a aplaudir, esto se va a convertir en un circo y no en un juicio”. En tanto, Jiménez Montilla sólo le respondió que su planteo será tenido en cuenta por el Tribunal Oral. Terraf salió al cruce luego de que familiares y allegados del represor Antonio Domingo Bussi lo aplaudieran cuando terminó de leer su declaración, y después familiares de desaparecidos hicieran lo mismo cuando la abogada Laura Figueroa se quejó por los agravios que lanzó el ex gobernador de facto cuando habló de abogados "inescrupulosos" que cobran 250.000 dólares por cada denuncia presentada en la Justicia.

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Arranca hoy el desfile de los 114 testigos

La abogada querellante Laura Figueroa será la primera que tomará la palabra.       Entre hoy y el 7 de abril tendrán que desfilar los 114 testigos que fueron citados al juicio oral y público por la megacausa de ex Jefatura de Policía. Los casos de los desaparecidos Carlos Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Ariño, en manos de la querellante Laura Figueroa, serán los primeros en el debate. Para hoy están previstos tres testigos a la mañana, y otros tres, a la tarde. En marzo pasarán los citados por el caso del periodista Eduardo Ramos y su esposa Alicia Cerrota. En la tercera jornada del juicio oral y público por los delitos cometidos en la ex Jefatura de Policía durante la última dictadura militar, comenzará a cumplirse hoy el cronograma de los testigos. En total serán 114 las personas que deberán dar sus testimonios frente al Tribunal Oral Federal hasta el 7 de abril próximo. Laura Figueroa será la primera abogada querellante que hará uso de la palabra, en defensa de tres víctimas: Carlos Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Ariño, quienes fueron secuestrados y mantenidos en cautiverio en el centro clandestino de detención de la ex Jefatura. En el debate se juzga a los represores por los delitos cometidos contra sólo 22 víctimas (de un total aproximado de 80) que estuvieron en ese lugar. Apaza tenía 26 años cuando el 7 de mayo de 1977 fue visto por última vez en una parada de ómnibus para trasladarse a su trabajo en el hospital Obarrio, donde se desempeñaba como médico clínico. En ese entonces, cuando Antonio Domingo Bussi gobernaba la provincia, a “Peter” –como le llamaba su familia- le faltaba una materia para recibirse de psiquiatra. Estaba casado con Irma Isabel Argañaráz- profesora de Educación Física-, con quien tenía una hija de 4 años. Hugo Díaz era odontólogo y fue visto por última vez el 8 de junio de 1976. Y Joaquín Ariño, un estudiante universitario, desapareció el 3 de junio de 1977. De acuerdo al cronograma del Tribunal Oral, hoy se presentarán a partir de las 9.30, Mirtha Mantaras, Horacio Ballester y Humberto Perez, mientras que a la tarde, desde las 16.30, lo harán Domingo Jerez, Benito Toledo y Julio Leites. En tanto, en marzo será el turno de los testigos por el caso del periodista tucumano Eduardo Ramos, desaparecido en noviembre de 1976 junto a su esposa Alicia Cerrota. En la lista de testigos, no tan solo están familiares y periodistas tucumanos, sino que aparecen dos periodistas reconocidos a nivel nacional. Se trata de Ricardo Kirschbaum, editor general del diario Clarín, y de Magdalena Ruiz Guiñazú, conductora de "Magdalena Tempranísimo” que se emite por Radio Continental. Ambos están citados para el 4 de marzo próximo. Ramos fue secuestrado el 1 de noviembre de 1976 de su casa junto a su esposa Alicia Cerrota, y luego fueron llevados a la ex Jefatura de Policía, donde se estima que estuvieron casi un mes en cautiverio. Durante el juicio pasará un testigo que dice haberlos visto en ese lugar e incluso no se descarta que Alicia haya estado embarazada. Por parte de esta querella también se solicitó el testimonio del escritor Ernesto Sábato, pero debido a su avanzada edad (próximamente cumplirá 99 años) y su delicado estado de salud, no vendrá a Tucumán. El Tribunal Oral espera un informe médico que indique si está o no en condiciones de declarar. En caso afirmativo, uno de los jueces viajará a Capital Federal para tomarle su testimonio.